68 países de todo el mundo han suscrito hasta el momento el convenio internacional del trabajo marítimo MLC 2006, lo que supone abarcar a un 80% de la flota mundial. El acuerdo aporta unas garantías de mínimos en las relaciones laborales del mar, uno de los primeros sectores de la economía considerado como totalmente globalizado.
Un grupo de expertos de las universidades de Cádiz y Sevilla, así como de diversas entidades como la Inspección de Trabajo y la Marina Mercante, analizaron ayer en Algeciras el trabajo marítimo y portuario en un seminario dirigido a alumnos del grado de Relaciones Laborales.
La jornada, con sendas mesas redondas, abordó en primera instancia las condiciones generales del trabajo marítimo en la que el profesor Francisco Piniella (UCA) desgranó las claves del MLC 2006, que consolida más de 60 convenios y otros instrumentos normativos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), todos relativos a las condiciones de vida y trabajo a bordo de los buques mercantes y los derechos de los marinos.
España fue el primer país de la Unión Europea en suscribirlo y Algeciras, el primer puerto del país en el que se inspeccionó un buque conforme a sus parámetros. Este acuerdo internacional supone, según el ponente, unas garantías de mínimos para las tripulaciones por lo que se dirige a los países con normativas laxas en materia laboral.
Piniella apuntó que la flota mundial de mercancías crece a un ritmo del 3,5% anual, mientras que la concentración de ésta en países con pabellones abiertos -término prácticamente equivalente al de las banderas de conveniencia- es cada vez más acusada. Panamá, Liberia y las Islas Marshall concentran el 41% de las matrículas de la flota mundial, por lo que convenios como este aportan unas garantías frente a la violación de derechos laborales.
Su intervención se completó con la de los inspectores Juan Ramón Bres y Francisco Ravira, de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Marítima, respectivamente, quienes explicaron cómo se controlan las condiciones laborales en los buques de terceros países.
También participó en la mesa redonda el coordinador nacional de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), José Manuel Ortega, quien expuso cómo actúa la entidad para defender los derechos laborales en casos de problemas como impagos o abandono de buques y tripulación.
Ya por la tarde, la mesa redonda sobre el trabajo portuario estuvo dominada por la actividad de la estiba. El director de Relaciones Gubernamentales y de Recursos Humanos de APM Terminals Algeciras, Javier Sáez, desgranó las principales actuaciones desarrolladas desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condenó a España por su régimen de la estiba. Sáez, que a su vez es vicepresidente de Anesco (Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques), detalló que los siete primeros meses del año fueron muy intensos, con numerosos encuentros con los sindicatos para consensuar la aplicación del fallo al que España aún no ha hecho frente. En resumen, la sentencia condenó a España por no existir libertad de establecimiento en la estiba. De hecho, el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, reconoció hace apenas unos días que el próximo Gobierno deberá afrontar con urgencia su aplicación para evitar sanciones que Sáez estimó en 50.000 euros diarios.
También participaron en el coloquio el catedrático de Derecho Mercantil de la UCA Juan Luis Pulido y la profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla Patrocinio Rodríguez.
