Para una triunfalista Ana Pastor los puertos españoles gozan de una posición geoestratégica imprescindible para las navieras y pudiera parecer que la titular de Fomento haya negociado con los transportistas marítimos y/o los cargadores en alguna ocasión o que hubiera cambiado la posición de España en el mapa. Pero nada más lejos de la realidad: el país continúa estando ubicado en el mismo lugar desde hace miles de años, por lo menos, por lo que la posición estratégica de los puertos nada tiene que ver con la gestión de su ministerio (es muy fácil hacer demagogia) y, en cuanto a negociaciones con las empresas sigue la estela de sus predecesores en la cartera: ni los conoce ni ellos la quieren conocen.
Pastor explicó algo así como que se han corregido las situaciones de desequilibrio financiero en las que se encontraban, a finales de 2011, algunas Autoridades Portuarias, a las que habrían garantizado su viabilidad en el medio y largo plazo. No explicó, sin embargo a costa de qué o de quién. Y no explicó que éste era uno de los motivos fundamentales de la aplicación de las tasas.
Precisamente hablando de las tasas es cuando se tensó más el debate: el anfitrión de la jornada, José Llorca, presidente de Puertos del Estado, quiso entrar en la valoración de que se debería de ir reduciendo en los puertos españoles las tasas a las mercancías. A buenas horas Sr. Llorca, pensaron algunos de los asistentes. Si esta medida podría relanzar la capacidad operativa de los puertos, ¿por qué no se ha hecho durante la legislatura y se pide que la haga el próximo Gobierno? Portugal, sin ir más lejos, que ya no aplica las tasas a las mercancías y mantiene desde su última reforma portuaria la de los buques, ha conseguido incrementar el tráfico. Pero ya conocen el tópico: “Spain is different”.
El problema sería que algunas pequeñas Autoridades Portuarias –que no deberían existir en un país avanzado- no podrían cuadrar sus cuentas sin estos impuestos. Esto por un lado. Por otro lado, que Puertos del Estado no podría enjuagar su multimillonaria deuda.
Entró, según me explican, con una educación y un saber estar exquisito, pero como un miura en el debate, el presidente de la Asociación Europea de Puertos (ESPO) y subdirector general de estrategia del puerto de Barcelona, Santiago García-Milà: Europa desea que haya total libertad de cada puerto para fijar sus tarifas. Ese es el futuro y así lo está tramitando la Comisión Europea y lo defiende la propia ESPO… pese a lo mal que suenan esas propuestas liberalizadoras en la capital del Reino.
En este sentido, Ignacio Arrondo, responsable de competitividad de Puertos del Estado, se mostró totalmente contrario al reglamento que impulsa Europa y que debería dar plenos poderes a cada instalación para marcar sus potencialidades en función de la aplicación de los impuestos. No es de extrañar, porque no quieren perder capacidad de mando. Arrondo, al contrario que García-Milà, quiso dejar claro que en la ESPO no dejan de ser un grupo de gestores de los puertos, pero no sus legítimos dueños. En otras palabras: Madrid pretende seguir siendo el caudillo de los puertos españoles. Así lo señaló de hecho: “el propietario del puerto de Barcelona está en Madrid”… Sin comentarios.
José Llorca intentó apaciguar el ánimo añadiendo que lo que Puertos del Estado busca es una “libertad tarifaria regulada”. Cualquier sociólogo se preguntaría qué se entiende por “libertad regulada”. Es tan necio como hablar de una imprudencia prudente. En otras palabras, Puertos del Estado, al contrario que los más avanzados países europeos y la propia Comisión cree que ya les está bien la –falsa- libertad que tienen actualmente los puertos españoles para bonificar según coeficientes ciertas tasas. ¿Por qué van a darles la posibilidad de marcar sus propias pautas económicas si eso le resta mando al dueño del castillo, es decir al señor Llorca?
Llorca explicó en el debate que para lograr esta libertad que reclamaba García-Milà, en nombre de la ESPO, se debería de modificar la legislación… y ya se sabe que el Partido Popular, actualmente en el poder con mayoría absoluta, no ha modificado en estos cuatro años ninguna ley, ni ninguna norma, ni ningún decreto…
