El Gobierno dice ser consciente de la importancia económica que tiene el sector conservero, un actividad que coloca a España a la cabeza de la Unión Europea como país productor de productos transformados de la pesca, con el atún como primera referencia por volumen. Es por eso que el Ejecutivo asegura que defenderá los intereses del sector español de conservas de pescado y «seguirá atentamente las negociaciones» de la Comisión Europea con terceros países para que no dañen a un producto tan sensible como son los transformados de atún.
Ahora bien, en la respuesta que el Gobierno ha remitido a la diputada del BNG en el Congreso Olaia Fernández Davila, que lo había interpelado por los problemas con la importación sin arancel de conservas de túnidos procedentes de terceros países, el Ejecutivo se revela como «no partidario de la creación de un observatorio comunitario de la trazabilidad para tener un mayor control y vigilancia», tal y como propone Anfaco, la patronal de la industria de transformación. Según el texto remitido a Davila, entiende que «las cifras de comercio exterior son conocidas, por lo que es innecesario implementar una nueva estructura».
Incumplimientos
Al mismo tiempo, el Gobierno conmina al sector a elevar una denuncia ante las autoridades competentes «si tiene constancia de incumplimientos de normativa por parte de las importaciones», especialmente si esas infracciones se dan en el aspecto higiénico-sanitario.
La respuesta también alude al caso de Filipinas, al que se le ha otorgado un régimen preferencial que se concede a los países para estimular el desarrollo sostenible con una serie de requisitos y «cualquier incumplimiento en el compromiso por parte de Filipinas supondría la retirada de esos beneficios arancelarios». También habla de las sanciones previstas en el reglamento contra la pesca ilegal para quienes no observan las normas. En este sentido, «si ese fuera el caso de Filipinas, la Dirección General Mare (DG-Mare) actuaría en consecuencia», sentencia.
