Una veintena de pesqueros portugueses propiedad de armadores españoles denunciaron ante la Asociación de Armadores coruñeses de arrastre (PescaGalicia) su malestar por los continuos “ataques” por parte de la entidad radicada en A Coruña. Estos barcos faenan en aguas de la costa española, comprendidas entre las 12 y las 200 millas del océano Atlántico.
Los armadores españoles de barcos con pabellón portugués dicen acogerse al acuerdo firmado en Bruselas el 14 de marzo de 2014, acerca de las condiciones de la actividad de las flotas española y portuguesa en las aguas de ambos países, entre el Reino de España y la República de Portugal.
Los propietarios de la flota portuguesa afiliada a la Associação dos Armadores das Pescas Industriais (Adapi), señalan que este acuerdo -que tiene una vigencia de dos años- ha provocado una reacción de rechazo por parte de PescaGalicia, que argumenta, afirman, que la flota portuguesa en aguas españolas supone un incremento del esfuerzo pesquero, problemas de mercado y competencia desleal.
Todo ello les parece “completamente desproporcionado” por cuanto el esfuerzo de pesca “es de intensidad relativamente baja”, excepto en los meses de marzo y abril, período en el que la flota portuguesa sale en busca de caballa, por lo que concluyen que el resto del año se puede decir su actividad es “residual”.
Los buques de bandera lusa recuerdan que Portugal tiene cuotas de pesca en aguas españolas de acuerdo a su estabilidad relativa en el régimen de Totales Admisibles de Capturas y cuotas; que el acuerdo de pesca firmado en Bruselas delimita el número de buques autorizados y establece límites de capturas semanales para determinadas especies. “Nada impediría a la flota de pabellón de Portugal acceder a las cuotas que anualmente se le asignan en las diferentes zonas del Consejo Internacional de Exploración del Mar [CIEM o ICEX, por sus siglas en inglés] con independencia de si existe o no acuerdo de pesca”, sostienen.
Los afiliados a Adapi niegan además que existan problemas de mercado y competencia desleal, y alegan que su actividad en aguas españolas -en zonas más alejadas que las habituales de la flota española- permite abastecer un mercado regularmente y garantizar aprovisionamientos a los compradores, así como mantener una oferta constante. Añaden, también, que los precios para las especies pelágicas están prácticamente prefijados, con independencia de los días y de las cantidades suministradas.
La veintena de pesqueros acusa a la organización coruñesa de intentar establecer reglas de extensión. “Saben que nos encontramos ya supeditados a disposiciones en cuanto a la limitación de las descargas semanales y lo único que están buscando son medidas discriminatorias para la flota que representamos”, afirman. La introducción de medidas discriminatorias para este flota -como horarios diferentes para los desembarques y para la venta de estos- vulneran, a su juicio, las reglas de la libre competencia. “Son uno de los pilares básicos de los tratados constitutivos de la Comunidad Europea”, apuntan.
Los barcos con pabellón portugués responsabilizan al sector arrastrero del Cantábrico Noroeste y a PescaGalicia de la “intensidad desproporcionada” en el control de las actividades de los buques portugueses por los servicios de inspección de España. Esto se ha traducido, según denuncian, en la imposición de elevadísimas sanciones por infracciones (en muchos casos administrativas), que no guardan ninguna proporcionalidad.
Contribución a los puertos
Advierten además que utilizan puertos del Cantábrico Noroeste para sus desembarques (dentro de los horarios establecidos por cada lonja) y destacan que contribuyen de manera significativa a la actividad económica de esos puertos. “Algunos han percibido de manera fehaciente el aumento de sus transacciones con los desembarcos de la flota portuguesa y con el impacto socioeconómico que ello comporta”, argumentan.
Esta flota, de no modificarse la actual situación, amenaza con proceder al seguimiento de las cuotas de buques españolas para denunciar, si se producen, irregularidades como la declaración de menos capturas de las realizadas, o de especies distintas a las realmente capturadas, o la potencia motriz de los buques por si excede la establecida en la licencia de pesca y pedirán además a la Administración de Portugal que se incrementen los controles de entrada por vía terrestre de camiones con pescado procedente de Galicia.
