La nueva Ley de Pesca Marítima refuerza el marco jurídico del trabajo técnico realizado para luchar contra la pesca ilegal, con el objetivo de controlar más y mejor el pescado que viene de terceros países y evitar así que los operadores se lucren con las capturas ilegales. Se trata de evitar que se siga amenazando la sostenibilidad de las especies e impedir que los operadores extranjeros compitan de forma desleal con los operadores españoles, a los que sí se les aplican las normas de conservación.
En concreto, la reforma de la Ley de Pesca Marítima introduce un mandato específico a los servicios de control e inspección para perseguir la pesca ilegal con todas las herramientas posibles. Además, se endurecen las infracciones y sanciones, y se establecen medidas para evitar que los infractores eludan su responsabilidad a través de entramados empresariales opacos. Al mismo tiempo se disponen las necesarias actuaciones para evitar la vinculación entre operadores españoles con buques extranjeros que practican la pesca ilegal.
Con esta reforma, España pone un sello de sostenibilidad a las capturas introducidas a través de los puertos estatales que muy pocos países del mundo pueden ofrecer. Es resultado del trabajo realizado por la Secretaría General de Pesca en estos tres años para convertir a España en ejemplo y líder mundial en esta materia.
Por otra parte, la nueva norma introduce como novedad la posibilidad de que los profesionales del sector puedan desarrollar actividades económicas complementarias a la pesca. En concreto, la Ley facilita que el sector pueda impulsar ofertas de turismo pesquero o acuícola. Entre ellas se incluye la demandada actividad de pesca-turismo mediante la cual un grupo de personas puede experimentar las tareas propias de una tripulación pesquera y, posteriormente, disfrutar conjuntamente de las capturas realizadas.
El Ministerio de Agricultura está convencido de que esta actividad fomentará la generación de riqueza y empleo en las zonas costeras y dependientes de la pesca, sobre todo dado el nivel de la cultura marinera española.
Asimismo, la Ley introduce el principio de igualdad de trato y oportunidades, con los que se busca eliminar cualquier discriminación en el sector pesquero. En particular, el ministerio quiere poner el acento en la mejora de la situación de la mujer en el sector.
En este contexto, y según datos del Instituto Social de la Marina referidos a 2013, hay más de 6.000 mujeres afiliadas en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, lo que representa un 17% del total. Este porcentaje es especialmente elevado en regiones como Andalucía, País Vasco y, sobre todo, Galicia. También destaca su presencia en determinados ámbitos como la acuicultura, las tareas de redeo y, en especial, el marisqueo, donde en Galicia supone una presencia cercana al 90%.
En este contexto, el ministerio potencia la contribución de las mujeres al sector a través de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, integrada por más de 400 particulares y 70 asociaciones. Por ello se subraya que esta nueva Ley va a contribuir a reforzar el liderazgo y el emprendimiento de las mujeres como pieza fundamental en el futuro del sector y en el desarrollo de las comunidades pesqueras.
Administración pesquera más eficiente
La nueva ley viene a solucionar la complejidad que existía en lo relativo a los registros de buques pesqueros. De esta forma, plantea un régimen sencillo, al prever la existencia de dos únicos registros: el censo de la flota pesquera operativa y el registro general de la flota pesquera.
Además de la sencillez, el Ministerio buscará en su aplicación reducir al máximo el volumen de cargas administrativas, con el objetivo de que las obligaciones registrales exigidas por la UE no supongan una traba para la actividad económica del sector.
Asimismo, y en relación con el régimen de infracciones y el procedimiento sancionador, la reforma incorpora un giro a los procedimientos previstos con anterioridad, gracias a la potenciación de comunicaciones electrónicas, procedimientos abreviados o sistemas de pago voluntario bonificado en determinados casos.
Se trata de dotar de la suficiente fluidez a estos procedimientos, garantizando siempre los derechos de los presuntos infractores y facilitando a la Administración el uso eficaz de sus recursos en la persecución y sanción de las infracciones pesqueras.
