Una de las modificaciones introducidas en la ley de Puertos fue la creación del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, un instrumento para construir accesos que se financiará con los recursos que generen las autoridades portuarias que están en beneficios, que ofrecerán sus excedentes en forma de créditos. Puertos del Estado, que depende de Fomento, está convencido que es la mejor fórmula para asegurar la interconexión de los puertos con el Corredor Mediterráneo. Pero existe el riesgo de que esos enlaces se acaben antes que la mejora de las líneas ferroviarias, como es el caso del corredor.
De ahí que la modificación de la Ley de Puertos haya introducido otra variable. Dará la posibilidad de que los actuales concesionarios de los puertos amplíen hasta un máximo de 50 años —ahora son 35— sus concesiones. A cambio, se tendrán que comprometer a “una inversión adicional relevante; una contribución a la financiación de infraestructuras de conexión terrestre de los puertos; y, por último, una reducción de las tarifas máximas que pudieran serle aplicables”. Entre esas inversiones que se citan, se abre la posibilidad a financiar “la mejora de las redes generales de transporte para favorecer la intermodalidad y el transporte ferroviario de mercancía”.
El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, señala que, a falta de que se redacte el reglamento que desarrollará la modificación legislativa, ese punto podría servir para construir desde apartaderos para facilitar la fluidez de los trenes de mercancías que comparten vías con trenes de pasajeros hasta la financiación del tercer hilo ferroviario. Esta se ha convertido en la opción más barata de Fomento para convertir la línea de ancho ibérico en una primera versión del corredor.
La construcción del tercer carril ferroviario para conseguir el ancho internacional tenía que llegar en 2015 hasta Valencia y en 2016 a Alicante y Murcia, objetivos ahora imposibles. Pero el secretario general de Ferrmed, Joan Amoròs, considera que con voluntad política y poca inversión se podrían resolver muchos temas pendientes. Incluso plantea la construcción de un tercer hilo entre Vilamalla y Portbou —que la Generalitat cree que costaría unos 40 millones— para llevar por ese acceso carga hasta Francia. Esa opción, no obstante, complicaría el futuro del acceso por ancho internacional de TP Ferro, que conecta España y Francia por el túnel del Pertús y por el que apenas hay tráfico de mercancías por la pendiente de su trazado y su elevado peaje. Ahora, los concesionarios de los puertos podrían presionar por esa opción.
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