La intención es, como ya informó Ripoll en el último consejo de administración presidido por él antes de su cese por el Consell, hace ahora dos semanas, otorgar la concesión administrativa para la explotación como lonja pesquera en el puerto de Alicante de un edificio que es un icono más del fiasco de la inversión pública desmedida de años atrás. Como viene relatando este diario, hace siete años que abrió la Lonja de pescados del Puerto, una iniciativa del entonces presidente y ahora senador Mario Flores para revitalizar la actividad en fresco. La historia del edificio es la de uno de los mayores despropósitos de inversión pública en ladrillo de los últimos años (solo funcionó entre finales del año 2005 y la primavera del 2006 y la Cofradía de la capital alicantina presentó un ERE extintivo para toda la plantilla). Caja Duero prestó 2,3 millones para levantar el edificio, pero no lo recuperó. La entidad embargó la concesión que poseía la cofradía primero y después revertió de nuevo en el Puerto y, poco antes de salir a subasta, desistió de ejecutar la enajenación.
En una respuesta parlamentaria del Gobierno el pasado verano al diputado de Compromís Joan Baldoví se avala el concurso para la nueva concesión y se valora el edificio en 1,5 millones de euros sin abonar indemnización alguna al concesionario por incumplimiento, ya que dejó a pagar tasas por 700.000 euros. O sea, habría perdido 2 millones de su valor original. En el tejado ya crecen varias chumberas, sin duda la imagen más fiel del abandono total y absoluto que sufre el edificio de la dársena pesquera nueva.
