En el transcurso de su comparecencia en la comisión de Presupuestos, Aguirre recordó que este programa es considerado estratégico por Navantia ya que representa su vuelta al mercado civil, por lo que es una condición indispensable cumplir con el contrato.
Asimismo, recordó que las cuentas de la sociedad están saneadas y que los 341 millones de euros de beneficios previstos podrían llegar a 458 millones si no fuera por los compromisos laborales «preexistentes» con el Grupo Izar y el Grupo Humosa, que detraerán 275 millones de sus recursos. En este sentidio dio a conocer que se aportarán 350 millones para compensar pérdidas de Hunosa, Izar y Navantia.
Otra de las novedades es que no habrá ajustes laborales. Ramón Aguirre señaló que el próximo año se perderán unos 1.520 puestos de trabajo (el 2 % de la plantilla), fundamentalmente por «factores vegetativos», con lo que a final del ejercicio la SEPI contará con 71.757 empleados. «No hay previsión de ningún ajuste de plantilla», zanjó el presidente.
Sobre el nuevo modelo de supervisión de Navantia por parte del Ministerio de Defensa aseguró que se trata de una mera asignación de tutela.
Según Aguirre la decisión adoptada por el Gobierno el pasado 25 de julio «no supone una nueva organización ni ningún cambio organizativo, tampoco cambia el porcentaje de participación pública en las empresas ni el titular de las acciones, ni por supuesto la configuración de la representación en los Consejos de Administración».
También replicó a los diputados que «el acuerdo del Consejo de Ministros tiene como objeto poner bajo la tutela del Ministerio de Defensa, en colaboración con los ministerios de Hacienda, Economía e Industria, la protección y potenciación de un sector estratégico crítico para la seguridad nacional como es la industria de defensa».
