En rueda de prensa tras la reunión semanal del Consell Executiu, ha explicado que el objetivo estratégico de esta normativa es “configurar los puertos catalanes como referente económico”, tanto los gestionados por la Generalitat como los que se explotan en régimen de concesión.
Ha añadido que los cambios de la ley deben servir para “contribuir a generar tanta actividad económica como sea posible”, y la nueva norma incidirá en la promoción económica, industrial, turística, deportiva y social a través de los puertos e infraestructuras fluviales, la simplificación de trámites administrativos, y la sostenibilidad medioambiental.
Homs ha señalado que la normativa que ahora inicia su tramitación no tiene el propósito de aumentar el número de concesiones y conseguir más ingresos para la Generalitat, sino que pretende actualizar la última ley al respecto, de 1998.
Lo ha visto un cambio “razonable ante los cambios de la demanda y el uso de las instalaciones” en los últimos años, y para ordenar el conjunto del sistema portuario y de transporte marítimo y fluvial catalán en línea con la realidad actual.
