En el caso del AVE, el tribunal internacional considera que Bruselas no respetó los plazos legales señalados por la normativa comunitaria –tres meses– para llevar a cabo la corrección financiera. El fallo concluye que Bruselas se saltó esos plazos, como denunció el Gobierno de España, y por tanto la Comisión no tendría base jurídica para recortar el importe de la subvención concedida. Desde el puerto se considera la citada sentencia un “precedente interesante”, ya que la Autoridad Portuaria entiende que en 2010 el puerto gijonés vivió una situación similar, cuando comenzaron los sobrecostes en la ampliación de El Musel y la Comisión exigió devolver ayudas por valor de 18,3 millones de euros.
La audiencia al Estado español para que defendiera sus planteamientos se celebró en julio de ese año; el Gobierno presentó la documentación requerida y el plazo legal para que Europa resolviera se cerró el 29 de octubre de 2010. Como no hubo resolución, el Musel considera que si el Estado español recurriera ahora como hizo en su día con las cuestionadas obras del AVE Madrid-Barcelona-frontera francesa, y con los mismos argumentos, el pleito podría ganarse. A juicio de estas fuentes, la decisión de Bruselas, al no cumplir los plazos, “no fue adoptada válidamente y debe ser anulada, como especifica la sentencia favorable a las obras del AVE”.
De cumplirse el planteamiento portuario, la Comisión no tendría base jurídica para reducir el importe de la ayuda inicialmente concedida, aunque en el caso de El Musel el asunto es más complejo que en los sobrecostes de las obras de la Alta Velocidad.
Sobre las obras de ampliación del puerto de Gijón pesa una denuncia de la Oficina Europea Antifraude (OLAF) que está pendiente de resolverse y que, según otras fuentes, “habría paralizado la actuación de 2010”. Según esta versión, el Puerto no podría “agarrarse” a la reciente sentencia del AVE para defender sus intereses económicos frente a Bruselas. La UE reclama al Estado español la devolución de 250 millones de euros aprobados en subvenciones para la ampliación de El Musel, tras el dictamen de la OLAF, que ha llegado incluso a la Fiscalía por si las irregularidades detectadas fueran constitutivas de delito. De esa cantidad, 198 millones ya se cobraron y los restantes 49,5 están aún pendientes de transferir.
El Gobierno español ha indicado a la Comisión Europea que ve “desproporcionado” el reembolso de los 198 millones de euros que recibió la ampliación del puerto. En este momento, la estrategia estatal es negociar con Bruselas una quita de esa multimillonaria devolución de fondos . Desde Puertos del Estado indicaron ayer a este periódico, respecto a si la sentencia del AVE puede beneficiar a El Musel, que “no es momento de elucubrar sobre hipótesis… Lo que toca es que cuanto antes haya una resolución por parte de la UE y esperemos que atienda a lo remitido por la Autoridad Portuaria y que sea favorable al Reino de España”.
No es descartable que el contencioso entre España y la Comisión por la devolución de las ayudas a El Musel llegue a los tribunales europeos. Recientemente, en una carta al Gobierno español, Bruselas expresó su deseo de “explorar las posibilidades de llegar a un acuerdo” sobre la cantidad a recuperar, pero advirtió de que, si no hay consenso, remitirá una carta final al Gobierno español en la que precisará la cifra a devolver de forma unilateral.
