La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, defenderá la reforma en el pleno del Congreso, que debatirá las enmiendas a la totalidad al proyecto, con el que el Ejecutivo pretende una revisión profunda de las reglas pesqueras nacionales.
La reforma de la Ley de Pesca -último proyecto de calado del exministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete -plantea cambios para reforzar la lucha contra las flotas y operadores ilegales, tales como una subida de las cuantías de las multas.
En concreto establece varios rangos de sanciones, según la gravedad de las infracciones, y para las “muy graves” plantea penalizaciones que van desde los 60.001 a los 600.000 euros.
La reforma está enmarcada dentro del llamado “carné por puntos” para pesca, que funciona de manera inversa al del tráfico por carretera, porque el armador o el barco infractor recibe tantos y llegado a un tope se le puede quitar la licencia; también recoge especificidades para buques de recreo.
Otra parte de la regulación tiene como objetivo el fomento de la “diversificación” económica de este sector y en concreto, regular el llamado “turismo pesquero o marinero”, en el que los pescadores embarcan viajeros, una actividad que puede suponer un complemento a la renta de la flota.
CiU y BNG (Grupo Mixto) han presentado sendas enmiendas a la totalidad del proyecto, para solicitar su devolución al Gobierno, que serán debatidas el jueves.
Por su parte, el PSOE prepara enmiendas al articulado, “para mejorar el proyecto” y que se analizarán en posteriores sesiones, según han informado hoy fuentes de este grupo parlamentario.
Tanto CiU como BNG han expuesto, en sus propuestas, que el proyecto del Gobierno es “centralista” y pretende invadir o “vaciar” las competencias de las Comunidades Autónomas.
El Grupo Catalán (CiU) ha argumentado que algunas de las medidas para la diversificación ya han sido adoptadas por parte de las autonomías, como por ejemplo las relativas a pesca y turismo
CiU y BNG también han mostrado su discrepancia con el proyecto por capítulos como el desembarque y la primera venta del pescado o la eliminación del registro de buques pesqueros, que en el proyecto es sustituido por otro registro general de la flota.
Asimismo, el BNG ha calificado de “desproporcionado” el nuevo régimen sancionador, hasta “rozar el esperpento” en algunos casos y también ha criticado que “no contenga ningún avance en el mantenimiento de las comunidades costeras”. EFECOM
