El puerto de El Musel es uno de los que integran la red de puertos de interés general del Estado, que dependen administrativamente del Ministerio de Fomento, a través de Puertos del Estado. No obstante, los presidentes portuarios son nombrados por los respectivos gobiernos autonómicos. En sus consejos de administración hay representantes de ambas administraciones, si bien en El Musel la mayoría del consejo en la época en la que se contrató y realizó la ampliación estaba controlada directa o indirectamente por el Principado.
El informe de la OLAF recomienda a la dirección general de Política Regional de la Comisión Europea que exija la devolución de los 198 millones de fondos de cohesión que aportó a la obra de El Musel. El Puerto tampoco recibiría los 49,5 millones pendientes de pago, en caso de que la Comisión asumiera la postura de la OLAF. Además, el organismo antifraude de la Comisión Europea también plantea a España que tome medidas para recuperar los 531 millones de euros de “gasto elegible” que destinó para pagar la obra efectuada por la unión temporal de empresas Dique Torres (Dragados, Drace, FCC, Sato y Alvargonzález Contratas). La obra, adjudicada en 499 millones de euros (sin IVA) se cerró con unos sobrecostes de 124 de sobrecostes, aunque la UTE reclama 329,39 millones más. A esas cifras hay que añadir las de actualización de precios.
http://www.lne.es/gijon/2014/04/08/ejecutivo-regional-muestra-voluntad-leal/1568259.html
