El Congreso debatió hoy el rechazo de la Izquierda Plural a la Ley de Navegación Marítima
MADRID, 13 (EUROPA PRESS).- “Esta ley tiene tres objetivos: dotar al ordenamiento jurídico de homogeneidad con el derecho marítimo internacional, proporcionar seguridad jurídica y reflejar la realidad práctica actual del transporte marítimo”, ha explicado, durante su intervención en el debate del Pleno parlamentario sobre la enmienda de totalidad presentada por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA).
Además, ha recordado que se lleva trabajando tres legislaturas en esta reforma por la “enorme complejidad técnica” que comporta, y ha reafirmando la “voluntad firme” del Gobierno de que ahora salga adelante. Para ello, ha reclamado la colaboración de todos los grupos para enriquecer el proyecto y ha ofrecido su máxima disposición para el debate, confiando en el acuerdo al tratarse de un texto técnico. “No veo ningún obstáculo insalvable”, ha dicho a la oposición.
CONFUNDEN DIAGNÓSTICOS Y SOLUCIONES
Por eso, y porque el texto se ha redactado tras una amplia participación de todos los actores implicados, el ministro ha rechazado el veto de IU-ICV que, a su juicio, “confunde sectores diagnósticos y soluciones”. También ha defendido que su proyecto “moderno y equilibrado” mejora “notablemente” algunos aspectos como los relativos a la seguridad de la vida humana en el mar o la preservación del medio ambiente, y que supera la “dispersión normativa”.
Además, ha señalado que la mayor parte de los artículos se limitan a “regular” las lagunas que existían en la legislación nacional adecuándose a los convenios internacionales de la materia, superando así el Código de Comercio del siglo XIX para adaptar la normativa de un sector “muy importante para la actividad productiva y para la generación de empleo”.
El proyecto de ley de Navegación Marítima determina la responsabilidad de los implicados en el tráfico marítimo, establece medidas para evitar la contaminación marina y la inmigración ilegal, detalla la responsabilidad civil en caso de accidente, y mejora la protección del patrimonio subacuático español, además de regular los contratos de utilización del buque y fijar las condiciones del contrato de construcción naval con novedades en la compraventa de buques.
En concreto, se prevén restricciones a la navegación de barcos por razones de seguridad, se establecen la responsabilidad absoluta del armador sobre el barco y la tripulación, se moderniza la regulación de los contratos y se refuerza la responsabilidad de los capitanes ante casos de inmigración ilegal para impedir su connivencia en el embarque y para exigir que se les proporcione un trato digno.
Por otro lado, por primera vez en la legislación marítima española, se regula de forma muy completa y sistemática de policía administrativa, con lo que se permitirá una mejor intervención de la Administración en la defensa de la seguridad marítima y del salvamento de la vida humana en el mar, así como de los intereses medioambientales y costeros, debido a la especial relevancia cobrada por la seguridad de la navegación y la tutela del medio ambiente.
Uno de los puntos en los que el titular de Justicia ha hecho especial hincapié es en que se refuerza la autoridad del capitán ante cualquier situación que se le presente, obligándole a permanecer en el barco para proteger al pasaje para evitar situaciones “vergonzosas” como la del Costa Concordia, pero también priman la protección del medio ambiente por encima de los intereses comerciales del naviero sin que por ello se le puedan aplicar “represalias”.
“NO HABRÍA EVITADO EL PRESTIGE”
El diputado de la Izquierda Plural por Asturias, Gaspar Llamazares, ha asegurado que su veto “no es de oposición política” sino técnico, y que se fundamenta en tres aspectos “sustanciales”, al margen de otros sobre los que se pueda llegar a acuerdos: el salvamento y la seguridad marítima, la “actitud laxa” respecto de la contaminación y la explotación de recursos naturales en el mar, y la “desregulación” profesional y laboral de la marinería.
“Esta ley no evitaría el Prestige ni la catástrofe ecológica posterior”, ha explicado, calificando el proyecto de “fallido” y asegurando que no “mejora” la legislación sino que “aumenta la dispersión y la confusión” de la normativa, ya que se mantiene parte de la Ley de Puertos.
Además, ha lamentado la “debilidad” de las medidas para luchar contra la contaminación, la reducción de la autoridad de los capitanes o, “lo más grave”, que es “la manifiesta ausencia de las medidas requeridas para superar los altos índices de la flota española”.
“No cuestionamos la necesidad de actualizar y armonizar el derecho marítimo internacional, pero el país requiere una ley de Marina Civil”, ha insistido, calificando el proyecto de “arcaico” y “claramente regresivo” por consolidar “privilegios” de algunas “castas” que “siguen queriendo mandar” en la Marina Civil” y la militarización “anacrónica” de algunas materias como la investigación, los museos o el acceso a los pecios.
CONFIANZA EN LA NEGOCIACIÓN
Pese a todo, la Izquierda Plural se ha quedado sola en su petición de devolución al Gobierno del proyecto, ya que para el resto de grupos de la oposición ha primado la necesidad de reformar la normativa por encima de sus discrepancias con el proyecto del Gobierno, y han confiado en que la voluntad de negociación expresada por Gallardón sea “real”.
Así, el socialista José Segura ha expresado su “profunda satisfacción” por la “invitación al diálogo” que ha hecho el ministro, y ha subrayado la importancia de este sector en un país que tiene “el control del estrecho” y territorios insulares y extrapeninsulares. “En España, el ser o no ser está vinculado al tráfico marítimo”, ha apuntado, recordando la “necesidad imperiosa” de aprobar esta legislación sin que suponga retrocesos con respecto a avances ya logrados en algunos ámbitos.
El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha señalado que esta ley es “necesaria” para “actualizar una legislación anacrónica”. “Confiamos en que se pueda llegar a acuerdos en la tramitación”, ha señalado.
El diputado de CiU Jordi Jané ha destacado el carácter “histórico” de esta reforma y ha valorado el “compromiso” de que la ley “vaya a ver la luz” por fin, superando así la normativa del siglo XIX. En el mismo sentido, Emilio Olabarria (PNV) ha decidido dar “un voto de confianza” a Gallardón ante su “invocación al consenso y la negociación”, por lo que rechazará la enmienda de IU-ICV-CHA aunque espera poder superar determinadas carencias que él también ve en el proyecto.
Finalmente, para el ‘popular’ Andrés Ayala la enmienda de la Izquierda Plural “no tiene sentido” porque “está preñada de motivaciones artificiosas y artificiales”. “Hay rigor y equilibrio, y no hay nada ni de regresivo ni de arcaico” en el proyecto, ha insistido.
“Está plenamente justificado superar la legislación decimonónica, así que no se entiende la crítica a la modernización de la regulación”, ha añadido, recordando a Llamazares que “no se debe confundir legislación con accidentes” y pretender que otra norma habría podido evitar el hundimiento del Prestige.
Al término del debate, el ministro ha agradecido a todos los grupos su “voluntad” de negociar, y ha recordado que “lo importante en esta vida parlamentaria no es como empiezan las cosas sino cómo acaban”. “Vamos a esperar que esto acabe como queremos, seamos todos coautores”, ha concluido, esperando que todos los ponentes estén “a la altura de los legisladores del siglo XIX” y que “esto finalmente sea una victoria”.
