El Gobierno español ha dado un paso más en su lucha contra la pesca ilegal. El Ministerio de Agricultura -a través de la Secretaría General de Pesca- ha impuesto multas económicas "por primera vez" -no solo en España, sino también de la UE- a varios marineros españoles por enrolarse en un buque extranjero ilegal que operaba en aguas del océano Antártico, incluido en la lista negra de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida (Ccrvma).

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El pesquero cambió en reiteradas ocasiones de nombre y bandera

LA OPINION, 23 Feb. (A Coruña).- El departamento que dirige Miguel Arias Cañete ha decidido, además, inhabilitar a los trabajadores para el ejercicio de actividades pesqueras, según informó ayer el Ministerio en un comunicado.

España es uno de los pocos países que disponen de una legislación interna para la aplicación de sanciones en materia de pesca a sus marineros nacionales enrolados en buques con bandera de conveniencia. Bajo esta premisa, el Gobierno ha decidido llevar a cabo una “resolución pionera en la UE” dentro de las medidas para combatir las prácticas ilegales: sancionar a los marineros españoles que operan en un pesquero que faena de forma ilícita.

El Gobierno, según recoge el comunicado, aplicó las normas nacionales sobre sanciones en materia de pesca marítima a españoles enrolados en un buque con bandera “de conveniencia”, así como las leyes de la UE para prevenir y evitar la pesca “ilegal, no declarada y no reglamentada”. Y es que, según el reglamento, los ciudadanos españoles tienen prohibido embarcarse para ocupar puestos de mando de países terceros, sin la previa comunicación a la Secretaría General de Pesca. Además, las reglas impiden a los marineros realizar trabajos remunerados a bordo de buques incluidos en listas negras por operar ilegalmente.

El buque cambió en “reiteradas ocasiones” de nombre y pabellón, lo que dificultó la tramitación del expediente, según el Gobierno. La resolución fue posible -explica- gracias a la colaboración de las autoridades australianas, que recopilaron el “material probatorio” necesario para la apertura del procedimiento sancionador, tras una inspección realizada a la embarcación por los servicios de inspección de Australia.

Agricultura no especifica ni el número de marineros afectados ni el nombre del buque en cuestión, pero fuentes del sector apuntan a que se trata de un pesquero propiedad de armadores radicados en Ribeira, algunos de los cuales figuran en busca y captura por la Interpol, precisamente por realizar pesca ilegal. Otras fuentes apuntan que se trata del pesquero Thunder, un buque de bandera nigeriana perseguido también por prácticas ilícitas tanto por el Gobierno español como por el de Australia y que cambió varias veces de nombre y bandera.

Por otro lado, el Gobierno tiene varias reformas legislativas en curso, que pretenden dotar a España del “más sólido” marco legal en la lucha contra la pesca ilegal. “El objetivo es eliminar estas prácticas lesivas por el impacto negativo sobre la sostenibilidad de los stocks y sobre la competencia desleal que para la flota nacional suponen los operadores que no se sujetan a las normas de conservación y ordenación de los recursos, actuando al amparo de banderas de conveniencia, así como cualquier vinculación española con estas actividades”, señala.

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