La Dirección General de la Competencia considera insuficientes los 126 millones en que España cifró las devoluciones por ayudas fiscales ilegales que debían devolverse del sector naval, por el litigio conocido como tax lease. Para Bruselas con esta cifra no se cumpliría la resolución comunitaria dictada en julio pasado y conminan a las autoridades españolas a solventar cuanto antes el asunto.

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Al parecer, el Gobierno español al establecer la cifra de los 126 millones a devolver aplicó una serie de descuentos a los beneficios fiscales

EL ECONOMISTA, 28 Ene. (Bruselas).- En una comparecencia ante periodistas del País Vasco desplazados a Bruselas, el comisario Joaquín Almunia, algunos de los elementos empleados en el método español para el de cálculo de la devolución ‘no son los que permiten cumplir la decisión’ comunitaria. Se trata de divergencias de carácter técnico, pero que el comisario recalcó que ‘al final tienen consecuencias económicas’.

Al parecer, el Gobierno español, en colaboración con los inversores afectados, al establecer la cifra de los 126 millones a devolver aplicó una serie de descuentos a los beneficios fiscales aplicados a los inversores ahora sancionados. Dichos descuentos tendría que ver con la parte de la desgravación fiscal que los inversores consideran que las que beneficiaron fueron las navieras al comprar los buques a menor precio.

El antiguo tax lease permitía reducir el precio de venta de un buque hasta en un 30 por ciento. La mayor parte de la reducción del precio, entre un 85 y 90 por ciento, repercutía en la naviera; mientras que el 10 por ciento restante en los inversores financiadores.

Pero como recordó Almunia la decisión de devolución europea recayó solo sobre los inversores, por lo que éstos ‘no pueden transferir la responsabilidad ni a los navieros, ni a los astilleros’.

La semana que viene Almunia mantendrá una reunión con las autoridades españolas en Estrasburgo para ‘ver la manera de deshacer estos desacuerdos’ meteorológicos y llegar a la devolución final de los incentivos y así ‘eliminar completamente cualquier incertidumbre’ sobre el nuevo marco fiscal de financiación de la construcción naval que esta vez va avalado con la autorización comunitaria.

Por otro lado, el Tribunal de la Unión Europea ha admitido a trámite el recurso contra la sanción promovido por la Asociación Española de la Banca (AEB) y otros interpuestos por grandes empresas que están a la espera de aceptación, según la prensa gallega.

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