Están destinadas a exportación de buques y ayudas a la investigación
FARO DE VIGO, 13 Ene. (Bruselas).- La primera de ellas es un régimen de financiación para la exportación de buques, y no es una subvención directa (se trata de bonificación de intereses). Tiene una dotación de 45 millones de euros.
La segunda sí es una línea de subvenciones por 10 millones de euros para sufragar ayudas a la investigación y desarrollo, ayuda regional a la inversión y a la innovación. El “compromiso” de las autoridades españolas es de “suspender cualquier pago” a “cualquier empresa que se haya beneficiado de una ayuda ilegal declarada incompatible” por la Comisión. El texto no hace referencia explícita al viejo sistema de bonificación fiscal tax lease, declarado incompatible el 17 de julio pasado.
A este respecto, los inversores que participaron del mecanismo tachado de “ilegal” por Bruselas continúan remitiendo sus recursos al Tribunal de Luxemburgo. Una de las empresas que se ha plantado contra la decisión del Colegio de Comisarios es Cortizo, que se planta contra una decisión por la que se le va a exigir unas ayudas “que no percibió”. “El efecto confiscatorio de la devolución es patente”, reza la demanda. El letrado Antón Beiras asegura en la misma que la Comisión Europea sucumbió a la presión del lobby noruego cuando decidió que los armadores no tendrían que devolver al erario público las ayudas “incompatibles”.
