La flota cefalopodera insiste en que el convenio es injusto, insolidario y caro
FIES, 30 Sep. (Madrid).- El grueso del sector no entiende la posición del Gobierno español, ya que sus miembros consideran que se obtuvieron mejoras durante la última Comisión Mixta de la UE-Mauritania. En cambio, la flota cefalopodera insiste en que el convenio es injusto, insolidario y caro.
La decisión gubernamental fue anunciada el jueves pasado por el secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Carlos Domínguez.
Las entidades que manifestaron su rechazo a esa decisión fueron la Asociación Nacional de Buques Atuneros Congeladores (Anabac), Asociación Nacional de Marisqueros (Anamar), la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac), la Organización de Productores de Pesca de Palangre (Orpal) y la Asociación Provincial de Armadores de Buques de Pesca de Palangre y otras Artes de Pontevedra (Arpoan).
Por el contrario, la Asociación Nacional de Cefalopoderos (Anacef) se mostró satisfecha con la postura española.
Tras 13 meses de inactividad, las empresas vinculadas a la flota marisquera afrontan gravísimos problemas. Los marisqueros reconocen que no es el mejor de los convenios, pero creen que rechazarlo ahora los pondrá “contra las cuerdas”, informó la Confederación Española de Pesca (Cepesca).
De hecho, Anamar anunció que el viernes pasado 11 embarcaciones marisqueras pidieron licencias para empezar a faenar en el caladero mauritano lo antes posible.
En tanto, los atuneros, representados por Opagac y Anabac, destacaron la importancia de este caladero para la flota atunera congeladora.
También se pronunciaron a favor del acuerdo las asociaciones de palangre de superficie Oplugo y Arpoan, aunque esta última apostó por respetar la decisión que adoptara la mayoría, señaló Cepesca.
Y la flota de palangre de fondo, representada por Orpal, apoyó la ratificación del acuerdo por carecer de otras alternativas.
Del otro lado, los cefalopoderos, representados por Anacef, agradecieron el apoyo del Gobierno a esta flota que fue excluida sin que la Comisión Europea (CE) fuese capaz de defender sus posibilidades de pesca.
Este sector pesquero sostiene que existen estudios científicos favorables y que se deben defender principios y criterios de negociación irrenunciables, que redundarán en beneficio de futuras negociaciones.
Anacef hizo hincapié en que se le priva de la parte de la contrapartida financiera pagada por la UE correspondiente a la modalidad de cefalópodos en los sucesivos protocolos desde 1995, valorada en no menos de EUR 25 millones, para destinarla a otras embarcaciones que en muchas ocasiones ni acuden al caladero.
Esta organización considera injusto apoyar un pacto pesquero que cuesta EUR 70 millones y obliga al desguace de 32 buques cefalopoderos comunitarios sin causas objetivas que lo justifiquen. Por ello, mantiene su rechazo a este acuerdo y reclama negociar uno nuevo que sea “justo, equilibrado y beneficioso para todas las partes”.
Cepesca destaca que, más allá de sus opiniones diversas, las asociaciones coinciden en pedir que no se vuelva a repetir una negociación tan mala como ésta, y que se tengan en cuenta en los próximos convenios “las necesidades de todos los segmentos de flota, apostando por condiciones técnicas y económicas viables para todos”.
