Amortizaciones y gastos financieros suponen el 95% de la cifra neta de negocio de la Autoridad Portuaria de Gijón, cifrado el pasado año en 39,2 millones de euros, dato que explica por sí mismo que el puerto negocie prolongar el periodo de amortización tanto de las infraestructuras como de los créditos.
Hay que tener en cuenta, además, que el 95% de la cifra neta de negocio para amortizaciones y gastos financieros se alcanzó en un año bastante bueno de tráficos, básicamente por el impulso que proporcionó el acopio en los últimos meses de carbón térmico. El problema fue mayor en 2011, cuando tráficos y cifra de negocio fueron menores, y puede agravarse en el futuro inmediato, incluso si la actividad se mantiene, cosa poco probable por el relevante descenso de los graneles, a causa de la bajada de tasas anunciada por el Ministerio de Fomento, que supondrá una merma de los ingresos de El Musel cuantificada por Puertos del Estado en aproximadamente dos millones de euros.
En 2011, las amortizaciones sumaron 21,78 millones, y los gastos financieros, 16,8 millones, de forma que la cifra neta de negocio de ese año, 34 millones, fue inferior a la suma de ambos conceptos.
En esas circunstancias, el margen de maniobra que, al menos en lo económico, tiene la Autoridad Portuaria de Gijón es mínimo en una entidad que aspira a ser motor de la reindustrialización asturiana, y prueba de ello es, por ejemplo, la participación en la ampliación de capital que salvaría la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias, que la Autoridad Portuaria desea y Puertos del Estado impide.
La solución al problema o, al menos, un alivio para el mismo, pasa por la ampliación de los plazos, según ha planteado ya la propia Autoridad Portuaria, aunque momento hubo en que se orientaron los objetivos a incrementar la aportación de las empresas, ya sea por un aumento de los precios a los clientes o por una reducción de los beneficios de los operadores.
La propuesta de ampliar los plazos, en lo que se refiere a la amortización de las infraestructuras, ha chocado con la práctica habitual de Puertos del Estado, entidad reacia a admitirlo tanto ahora como con el Gobierno anterior.
Hacienda ha mostrado buena disposición tanto a aplicar las amortizaciones a medida que las obras entren en explotación como a adecuar los plazos a la vida útil de diques y muelles, pero eso, aparte de un espaldarazo moral a las tesis de la Autoridad Portuaria, no supone una ayuda decisiva, ya que los puertos no cotizan por sus beneficios y, consiguientemente, Hacienda tiene poco empeño en cambiar las cosas.
Por lo que a prorrogar la amortización de los créditos se refiere, lo último que ha trascendido es que los responsables de El Musel se han puesto en contacto con el Banco Europeo de Inversiones, todavía sin resultado, y que Puertos del Estado reclama ya la parte del crédito del ICO que excedió la factura del sobrecoste, a pesar de la reclamación judicial de la UTE Dique Torres sobre el importe final del mismo. La devolución anticipada añadiría al problema contable una merma de liquidez.
