El sector reclama el apoyo de la Administración para recomponer la arquitectura financiera en las nuevas construcciones
EL CORREO, 22 Jul. (Bilbao).- Despejada, aunque no con pocas dudas, la resolución del expediente sobre el viejo e ilegal ‘tax lease’ y con la esperanza de que la interpretación final del mismo suponga un trato benevolente en la recuperación de las ayudas concedidas por la Administración entre los años 2007 y 2011, su esfuerzo está concentrado de nuevo en la cartera de pedidos. La demanda de construcción de nuevos buques ha sufrido un parón importante en los últimos dos años, no porque falle el mercado, sino porque la amenaza de Bruselas había enfriado a todo el mundo. Ahora, con un ‘tax lease’ nuevo, legal aunque no del todo satisfactorio, toca trabajar para ganar el futuro.
Hay no menos de 50 buques en proceso de negociación y la búsqueda de financiación es una de las claves del proceso, aunque no la única. De ahí que el sector pida ahora a la Administración que movilice sus recursos para salvar los astilleros y la industria auxiliar. Bankia, la banca pública del Gobierno del PP, está en el punto de mira para que cumpla una misión prioritaria: sustituir a entidades financieras que, como el Banco Santander, han quedado ‘tocados’ en el proceso vivido en los últimos años. ¿Por qué? Porque para eso es una banca pública.
De los 273 barcos que se acogieron al ‘tax lease’ ilegal vigente entre los años 2001 y 2011, un total de 200 están implicados directamente en el expediente de la Comisión y las ayudas vinculadas a ellos sometidas a devolución, porque fueron contratados entre 2007 y 2011. Estas cifras son reveladoras de una parte de lo que sucedió en la cocina de las negociaciones entre armadores, intermediarios y astilleros y demuestran que casi el 74% de las contrataciones se materializaron en los cinco últimos años, mientras que tan solo el 26% se firmaron en los seis primeros. Quienes han trabajado en ello aseguran que “costó mucho tiempo” convencer a armadores, entidades financieras e inversores sobre la eficacia de un sistema tan alambicado y complejo como el ‘tax lease’. Y también apuntan que todo se vino abajo cuando Bruselas abrió el expediente en 2011.
El sector naval español cuenta ahora con un nuevo modelo de ‘tax lease’, visado por Bruselas, que limita los beneficios fiscales que se pueden obtener y que aunque ha sido criticado desde varios frentes, supone, aseguran en el propio sector, una base sobre la que recomponer de nuevo la arquitectura de la financiación para nuevas construcciones. Claro que, si los bancos e inversores que conocen el mecanismo no están por la labor, como así parece mientras la Agencia Tributaria les calcula la deuda que tienen que abonar por la última decisión de la UE, se hace imprescindible generar una nueva nómina de actores que ocupen este papel. O, al menos, que o relancen hasta que el nuevo sistema alcance velocidad de crucero y pueda integrar a nuevos inversores dispuestos a participar.
Es en este punto donde algunas miradas se han fijado ya en Bankia. La entidad ha recibido por varias vías y en momentos distintos durante los últimos cinco años una cifra que se sitúa en torno a los 40.000 millones de euros en ayudas públicas. Esto es, en dinero o créditos avalados por todo el país. La cifra es la estimación que ha hecho la propia Comisión Europea sobre el dinero que ha recibido el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri en su proceso de saneamiento. Con semejante inyección de dinero público, parece lógico pensar que en un momento como este, en el que es necesario empujar un poco a los financiadores para que vuelvan a poner en marcha las gradas de construcción de buques, un sector necesitado como el de los astilleros mire por el rabillo de un ojo al Gobierno y por el rabillo del otro a Bankia. Todo es animarse…
