El Supremo considera probado que el Ejecutivo autónomo dejó de compensar las pérdidas registradas durante el período 1999-2000 en las líneas de interés general
CANARIAS AHORA, 17 Jul. (Las Palmas).- El Supremo ratifica una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que en 2011 ya reconoció que la naviera tenía derecho a percibir estas cantidades en las que se incluyen los intereses a contar desde 2001, momento en el que se inició el pleito. El TSJC ya advirtió que se estaba frente a un contrato “atípico y totalmente irregular” desde el punto de vista administrativo, pese a lo cual se considera que existieron una serie de obligaciones entre las partes.
Durante todo este tiempo la compañía asumió las líneas declaradas de interés general como son Santa Cruz-Las Palmas de Gran Canaria con Morro Jable, Valle Gran Rey-Playa Santiago-San Sebastián de La Gomera-Los Cristianos, Los Cristianos-San Sebastián de La Gomera-Valverde-Santa Cruz de La Palma y Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas de Gran Canaria-Puerto del Rosario-Arrecife.
La competencia sobre estos servicios habían sido transferidos por el Estado al Gobierno autónomo en el año 1995 y, a partir de entonces, se fueron prorrogando las autorizaciones con la compañía hasta el final de ese mismo ejercicio, momento en el que se concedió un permiso indefinido. Fue entonces cuando se dejó claro que los déficits se iban a cubrir a través de los presupuestos generales del Estado, por medio de las transferencias que se llevaran a cabo a la Consejería de Turismo.
Cada año se han ido generando pérdidas de cerca de 10 millones de euros de las que fueron abonadas las correspondientes a 1998, pero no se hizo lo propio con las del período 1999-2000.
“Transitoriedad e inseguridad”
El problema radicó en que el Gobierno central no destinó una partida específica para cubrir el déficit de estas líneas, sino que la englobó dentro del marco de la financiación autonómica.
Lo cierto es que el Ejecutivo canario estaba obligado a prestar determinados servicios de líneas de interés general, pese a lo cual no dispuso a la vez de un mecanismo para abonar las pérdidas que se generaban, dando lugar a una situación de “transitoriedad e inseguridad al no dar aplicación a su propia legislación”. La compañía optó por seguir prestando el servicio en algunas de las líneas y abandonar otras al ser las pérdidas superiores a lo que podía soportar.
Durante el procedimiento judicial la discusión se centró más bien en determinar la cuantía que se debían hacer efectivas y se pusieron sobre la mesa diversos informes periciales. Así, las cantidades variaron entre los 8,8 millones que cuantificó un catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, otro de 12,2 por parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y los 10,7 millones de una pericial encargada por el TSJC.
Transmediterránea, por su parte, cuantificó las pérdidas en 5.500 euros diarios hasta llegar a un total de 11 millones. Finalmente, el TSJC primero y el TS después dan por válida la valoración que fija el total de dinero a indemnizar en algo más de 9,4 millones de euros a los que habrá que sumar alrededor de 600.000 en intereses a contar desde el año 2001 que fue cuando se inició el proceso judicial.
