Agencias Los ministros de Pesca de la Unión Europea revisarán el lunes sus líneas rojas sobre la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que tratan de pactar desde hace meses con el Parlamento Europeo. Será un intento por acercar posiciones en los asuntos más controvertidos y evitar el fracaso de las negociaciones. Irlanda, que hasta junio ejerce la presidencia de turno de la UE y por tanto media estos contactos, apuesta por cerrar un acuerdo este mismo mes, porque teme que, de lo contrario, la reforma quede aparcada «sine die».

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Los responsables de países comunitarios se reúnen el lunes para revisar sus «líneas rojas» para la nueva norma

NUEVA ESPAÑA, 10 May. (Gijón).- El cargado programa de trabajo que asumirá la próxima presidencia rotaria y las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán en 2014 complicarían los avances en esta reforma, subrayan distintas fuentes europeas.

La cita de los ministros será «la más difícil en años» en cuanto a asuntos pesqueros se refiere, según un diplomático europeo, que explica que los expertos de los Estados miembros han intentado en los últimos días limar diferencias, pero han dejado «abiertos» para decisión política los asuntos más «sensibles».

La revisión de sus posiciones podría alargar la reunión durante la madrugada del martes, ya que los países de la UE reclaman flexibilizar los ritmos y marcas en algunos de los objetivos para los que la Eurocámara se mantiene más exigente, como la aplicación del Rendimiento Máximo Sostenible en todas las pesquerías desde 2015. Los Veintisiete apuestan por esa fecha «cuando sea posible» y alargar el plazo límite hasta 2020 en el resto de casos.

También chocan las instituciones en los plazos que se sopesan de acabar con los descartes. El consenso existe en cuanto a que hay que poner fin a la práctica de arrojar al mar las capturas, ya muertas, que menos interesan a los pescadores por su escaso valor comercial o por las dificultades de conservación. Sin embargo, los Estados miembros con mayores flotas, entre ellos España y Francia, han presionado para que el Consejo defienda que se permita una exención de entre el 5 y el 7 por ciento de descartes. Los gobiernos buscan un acuerdo que logre el «apoyo sectorial», mientras que los eurodiputados se agarran a una propuesta «muy estricta».

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