El Senado aprobó ayer, con los votos del PP y la abstención de CiU, la reforma de la Ley de Costas, con lo que ahora solo falta su ratificación en el Congreso para que entre en vigor. Fueron muchos los cambios introducidos en su tramitación parlamentaria con respecto al proyecto presentado por el Gobierno, con incluso correcciones del PP sobre sus propias enmiendas.

cmefoto25d

Facilitará la reducción de la zona de protección pero la amnistía no es total

FARO DE VIGO, 25 Abr. (Madrid).- Entre sus novedades, la norma permitirá reducir la zona de protección en zonas rurales, lo que permitirá regularizar los núcleos marineros tradicionales de Galicia y legalizar unas 8.000 viviendas de forma inminente, aunque la amnistía no es total, por lo que afectados de Vilaboa y A Illa continúan con sus protestas. La nueva norma también permitirá ampliar por otros 75 años las concesiones para seguir con las actividades industriales en la costa, como podría ser el caso de Ence en la ría de Pontevedra, cuya licencia expira en 2018. La reforma posibilitará dar usos lúdicos con repercusión turística a las playas urbanas y negocios comerciales en los puertos.

Por todos los cambios que introduce la Ley de Costas, la oposición la ha rechazado salvo CiU. Asegura que desprotege el litoral, da prioridad a su uso privado frente al carácter público, amnistía miles de edificaciones ilegales condenadas al derribo, alienta de nuevo el abuso del ladrillo y defiende los intereses particulares de los empresarios. Desastre, barbaridad o de consecuencias imprevisibles fueron algunas de las opiniones vertidas ayer por la oposición.

Uno de los cambios introducidos tendrá claros beneficios para Galicia y Canarias, en palabras del senador Enrique López Veiga, uno de los que intervino en un debate que alcanzó las cinco horas de duración. Se trata de la rebaja de 100 a20 metros -a contar desde la línea de playa- de la zona de servidumbre, un área de protección con severas restricciones en la que solo se permiten obras de mantenimiento en las edificaciones existentes. Numerosos núcleos marineros tradicionales, por su carácter rural, quedaron ubicados en esta área de protección porque los ayuntamientos no fueron capaces de delimitarlos cuando entró en vigor, en 1988, la actual Ley de Costas.

Proceso

Ahora se les brinda esa oportunidad, la de regularizarlos y además legalizar las viviendas levantadas en esta zona, siempre que no se construyeran después de 1988 y no pese sobre ellas un expediente de derribo. Pero con una serie de condiciones, por lo que no todas las casas se podrán regularizar. La Xunta considera que unas 8.000 serán las que obtengan la amnistía.

Para ello hay dos vías. Los núcleos tradicionales deben contar con abastecimiento, alcantarillado, acceso viario y que un tercio de su superficie esté ya ocupado con construcciones. En caso de incumplir algún requisito de los anteriores, en los ayuntamientos con planeamiento valdría como alternativa tener consolidado dos tercios de su superficie. Y en los ayuntamientos sin planeamientos, la alternativa es tener ocupada ocupada al menos la mitad de su territorio.

En todo caso, en estos núcleos que quedan fuera de la zona de servidumbre y pasen a regirse por el ordenamiento urbanístico ordinario, no se podrán realizar nuevas construcciones.

El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, reconoció ayer en el Parlamento gallego que los cambios no resolverán el 100% de los casos de viviendas ubicadas en núcleos tradicionales, pero sí “la mayor parte”. En principio, se beneficiarán 8.000 casas de forma casi directa. Y aunque la Xunta calculó que en una segunda fase se podrían legalizar otras 4.500, la cifra se tendrá que reducir porque en el trámite en el Senado se endurecieron los requisitos.

Para el PSdeG, la nueva ley no nace para solucionar los problemas de los vecinos, sino de los extranjeros con propiedades en el Mediterráneo y de los bancos que tienen sus hipotecas.

Afectados de Vilaboa y A Illa busca soluciones en el Parlamento gallego – Una veintena de vecinos de Vilaboa y A Illa de Arousa, incluidos sus alcaldes, presenciaron ayer en el Parlamento gallego el debate sobre las repercusiones de la reforma de la Ley de Costas. Pertenecen a dos municipios donde se han levantado casas que quedaron en la zona de protección del litoral y que no todas se podrán legalizar con la nueva norma. Tuvieron un breve encuentro con el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, quien los emplazó a una reunión la próxima semana para intentar buscar una solución a su problema.

Be Sociable, Share!