La primera Ley de Pesca de Balears contempla el incremento de las sanciones a los pescadores aficionados que vendan sus capturas y abre la posibilidad de que las barcas profesionales comercialicen salidas con turistas.

cmefoto11dTambién regulará, a través de un futuro reglamento, el uso de las barcas de pesca para salidas turísticas

DIARIO DE IBIZA, 9 Mar. (Palma).- El Consell de Govern aprobó ayer el proyecto de Ley de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura, un texto que cuenta con 145 artículos, regula la actividad pesquera, profesional y recreativa, en los 2.500 kilómetros cuadrados de aguas interiores que son competencia del Govern autónomo, según explicó ayer el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company.

En el archipiélago, según los últimos datos, hay 348 barcas de pesca en las que salen a la mar 671 profesionales que capturan unas 3.400 toneladas al año, mientras que se estima que unos 85.000 residentes practican la pesca recreativa, que podría suponer la captura de hasta 1.500 toneladas al año.

De 30.000 a 150.000 euros

En relación a las sanciones, Company detalló que la venta de pescado por parte de aficionados, considerada hasta ahora falta grave, pasará a ser muy grave, con lo que las sanciones pueden ir de 30.000 a 150.000 euros. No obstante, también se aplica el «sentido común» para rebajar otras sanciones, como las que se imponen a quienes pescan con la licencia caducada o sin llevar copia del permiso, que se reducirán de la horquilla actual de entre 300 y 60.000 euros a entre 30 y 150 euros.

Respecto a la posibilidad de que las barcas profesionales compatibilicen la pesca comercial con la organización de salidas para turistas, la futura ley simplemente lo contempla, pero deja su regulación a expensas del desarrollo futuro de un reglamento.

Esta ley ordenará la separación de competencias entre los consells y el Govern, determinará la realización de planes de gestión de los recursos dirigidos a la conservación de las especies, creará una red de reservas marinas y organizará el buceo profesional. En contra de lo que se plantearon anteriores gobiernos autónomos, el actual ejecutivo renuncia a reclamar la ampliación de las aguas interiores para evitar «un choque con Madrid», según dijo Company.

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