Optimismo ministerial y preocupación en el sector. Tales sentimientos resumirían el resultado de las más de veinte horas de negociación que necesitaron los ministros de Pesca de la UE para lograr, pasadas las cinco de la madrugada de ayer, un acuerdo sobre el fin de los descartes pesqueros. La reunión tuvo en vilo al sector pesquero gallego y, especialmente, a la flota que faena en el caladero de Gran Sol y la de arrastre de litoral, dedicadas a pesquerías mixtas.
El sector augura problemas para Gran Sol y arrastre de litoral
FARO DE VIGO, 28 Feb.- El acuerdo, que aún no representa la última palabra -tendrá todavía que pasar por el filtro de la CE y, una vez más, de Europarlamento, partidario de un mayor rigor y desde ya se anuncia una firme oposición a lo acordado por los ministros de los Veintisiete- concede un año más al sector para adaptarse a la obligatoriedad de desembarcar todas las capturas para poner fin a la práctica de echar por la borda las especies para las que no dispone de cuota, presentan dificultades de conservación a bordo o no son de interés. El propio sector pesquero gallego y español rechaza esta práctica y la achaca al "perverso e injusto" modelo de gestión de los recursos -basado en la estabilidad relativa y el sistema de TAC y cuotas- que aplica la propia UE, que se niega a modificar en su actual proceso de reforma pesquera.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se mostró ayer satisfecho por la posición consensuada por sus homólogos de los 27 -la decisión fue casi unánime, a excepción de Suecia- para negociar un fin escalonado de los descartes, porque permite un calendario "razonable" y porque ofrece la "flexibilidad" necesaria para que la flota española cumpla la norma "sin sacrificios excesivos".
El acuerdo representa una prohibición por etapas de los descartes e incluye un compromiso de la comisaria de Pesca de la UE, Maria Damanaki, de ayudas para los barcos más afectados, aunque no dio detalles ni cifras sobre el apoyo financiero que contempla, destinado, en principio, a adecuar los buques a las nuevas necesidades de conservación de las capturas realizadas.
Lo que defenderán los 27 es que la prohibición se aplique de manera casi inmediata, el 1 de enero de 2014, para las especies pelágicas, pero que se aplace en el Báltico (2015), en el noroeste, suroeste y mar del Norte (2016) y el Mediterráneo (2017). En estos casos se dará más tiempo a la flota para adaptarse, de modo que habrá una transición de tres años para aplicar la norma. Entre las concesiones más celebradas por España figura la autorización de un margen de descartes que irá progresivamente del 9 % al 7% en cinco años, desde 2019, con un 9% de descartes autorizados los dos primeros años, un 8% los dos siguientes y de un 7 % en el quinto. Además, se contempla traspasar hasta un 10 % de cuota de una especie objetivo que no se haya agotado para cubrir parte de los descartes.
Como resultado de estas modificaciones, los Estados miembros entienden que los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas deberán actualizarse con una "subida generalizada" al computar todo lo capturado.
Desde el sector, la patronal Cepesca señaló que el pacto de ayer mejora las propuestas iniciales, pero "generará problemas para la flota comunitaria y española". El secretario general de Cepesca, Javier Garat, indicó que es "la propia normativa de la UE nos obliga al descarte", porque la flota captura a veces accidentalmente especies para las que no tiene concedida cuota.
En su opinión, para poner fin a los descarte de pescado, la reforma pesquera debería modificar el criterio histórico de distribución de capturas o la implantación de cuotas transferibles.
El acuerdo de los ministros recibió el inmediato rechazo de grupos ecologistas y de la eurodiputada socialista alemana Ulrike Rodust, ponente de la propuesta más restrictiva aprobada por el Parlamento Europeo (PE). Roduist ya avanzó que el PE "difícilmente acordará aprobar" el acuerdo.
