Catorce meses después de la suspensión por la Comisión Europea del sistema fiscal 'tax lease' que aplicaba el sector español de la construcción naval hasta el pasado 1 de julio, los retrasos en la aprobación de un sistema alternativo despiertan otra vez la inquietud de los trabajadores y han llevado al comité de empresa de La Naval a iniciar una campaña de contactos con autoridades y partidos políticos vascos para presionar en la aplicación de una nueva fórmula. 

La contratación de nuevos pedidos por los astilleros está casi paralizada desde hace más de catorce meses 

EL CORREO, 12 Sep. (Bilbao).- El astillero se encuentra en regulación de empleo y tiene un solo barco en construcción -el ‘fall pipe’ Joseph Plateau-, que entregará en febrero, aunque en breve firmará el contrato para la finalización de dos buques que dejó inacabados Astilleros de Sevilla. No obstante, la prioridad ahora es desbloquear la situación actual que permita realizar nuevas contrataciones.

El peligro afecta por igual a todos los astilleros vascos y españoles que, salvo unas pocas excepciones, han renunciado a contratar ante la incertidumbre que supone no conocer las condiciones fiscales, esenciales para ser competitivos a nivel internacional. Los astilleros vascos solo han contratado este año cuatro barcos -dos Zamacona y otros dos Balenciaga-, tras el bloqueo de la última mitad de 2011, con el consiguiente peligro de la reducción de sus carteras de pedidos.

Fuentes sindicales advirtieron ayer de que ha pasado ya el tiempo de las «buenas palabras» y que exigirán la implicación de autoridades y partidos en la campaña de presión que ahora inician. «Es el tiempo de los hechos», precisaron, para recordar que en Euskadi son cerca de diez mil los trabajadores que viven ligados a la construcción naval. La situación actual de incertidumbre, añadieron, «desmotiva a la plantilla». Máxime cuando una tercera parte de la misma -unos 80 trabajadores de 236- se encuentra en regulación de empleo.

La aplicación de un sistema alternativo al ‘tax lease’, que fue denunciado por Holanda al considerar que vulneraba la competencia, ha venido aplazándose desde hace más de un año y la última fecha manejada para la nueva fórmula, similar a la que aplican los astilleros franceses, es el 10 de octubre. Ese día se cumple el plazo de dos meses desde las últimas informaciones remitidas por el Gobierno español a las aclaraciones pedidas por la Comisión Europea.

La pasada semana, el ministro de Industria, José Manuel Soria, atribuyó el retraso en la resolución de este conflicto a las reiteradas negativas de Bruselas a las propuestas que presenta España. El Gobierno asegura que mantiene reuniones para establecer el nuevo sistema de tributación que permitiría a los astilleros empezar a construir ya sin tener que devolver el dinero recibido en ayudas.

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