Un pacto de 110 millones de euros al año, para un 30% menos de buques, con unas tasas que se elevan, en algunos casos, un 300%. Este es el resultado del acuerdo que la Comisión Europea acaba de firmar con el Gobierno de Mauritania, y que condena al amarre a 24 barcos gallegos que capturaban pulpo en aguas magrebíes. 

 El sector arremete contra el "protocolo más caro", que condena al amarre a 24 buques gallegos. La Xunta asegura ahora que trabajará para modificar el acuerdo en Bruselas 

LA OPINION, 30 Jul. (A Coruña).- Al margen de la expulsión de la flota cefalopodera, las tasas que cobrarán los mauritanos a los barcos que sigan faenando se elevan, en algunos casos, en hasta el 300% respecto al protocolo anterior. Así lo ha denunciado la patronal pesquera española (Cepesca), como corrobora el acuerdo, al que ha tenido acceso este diario.

Los buques de pesca de crustáceos, por ejemplo, tenían un canon establecido de 291 euros anuales por GT (gross tonnage o arqueo bruto). El nuevo acuerdo eleva esta cantidad hasta los 620 euros por GT y año. Otro ejemplo significativo es el de los buques de pesca de cangrejo. Hasta la fecha el número máximo de licencias era de 300 GT, y una tasa adicional de 283 euros anuales. Ahora se queda en 200 GT y el precio sube hasta los 310 euros.

Para los arrastreros congeladores de pesca pelágica, el impuesto adicional se dispara. De acuerdo con la información de la Comisión Europea, estos buques (17 licencias) debían abonar entre 6,2 y 8,5 euros por GT al año. Ahora se estipula un pago de 123 euros por tonelada, con un anticipo de 5.000 euros por barco (antes eran 1.750 euros). Los requisitos de la flota cefalopodera se han dejado en blanco en la página 44 del acuerdo pesquero.

"No podemos entender cómo el acuerdo pesquero más caro de los que mantiene la UE con terceros países discrimina de esta manera a segmentos de flota que no tienen alternativa en otras aguas y establece condiciones técnicas y económicas que hacen inviable su aprovechamiento, a pesar de que las especies objetivo se encuentran en general en buen estado", arremete el presidente de Cepesca, Javier Garat.

El acuerdo establece, como recogió ayer este diario, que los marineros embarcados deben ser mauritanos en su mayoría (60%), cuando antes se establecía un baremo por la capacidad de cada buque. Los trabajadores contratados deberán formar parte de una lista elaborada previamente por el departamento competente del Gobierno mauritano. Todas las descargas deberán efectuarse en el puerto de Nouadhibouy el gasóleo se comprará a una firma concesionaria mauritana.

Todos estos preceptos han precipitado la crítica unánime del sector, que tilda de "decepcionante" e "inviable" el acuerdo. También el Gobierno, que conocía desde hace dos semanas las intenciones de la comisaria Maria Damanaki de eliminar el pulpo del protocolo, se lamenta ahora del contenido del convenio. "Han ignorado las advertencias de los estados miembros y no han atendido a la defensa del interés pesquero comunitario, único pertinente a la hora de evaluar la labor de la Comisión", apuntó el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La Xunta, que aseguró que iba a "pleitear" contra los acuerdos negativos para el sector pesquero gallego si no se lograban cambios "por las buenas", tilda de "muy perjudicial" el convenio. La exclusión de los 24 barcos eliminará 400 empleos directos y otros 2.400 indirectos en Galicia.

"Estamos muertos, no tenemos salida ninguna", reconocía ayer el propietario de la pesquera Derime, Julio del Río, uno de los armadores afectados por el nuevo protocolo de pesca que firmaron el pasado jueves la Comisión Europea y el Gobierno mauritano y que excluye del caladero africano a la flota cefalopodera gallega. "Tengo dos barcos dedicados a la pesca del pulpo. En mi empresa, alrededor de medio centenar de trabajadores se van a quedar sin empleo directo. En cuanto a los indirectos, se van a perder muchos más. En Galicia muchísima gente vive de esto", explicó.

El armador Manuel Nores fue tajante a la hora de valorar el nuevo pacto. "Este nuevo acuerdo es ruinoso", declaró. Nores, que cuenta con más de 60 años de experiencia en el sector, reconoce que el futuro es incierto. Cuenta con cinco barcos cefalopoderos que no podrán faenar a partir del 1 de agosto, fecha en la que entra en vigor el nuevo protocolo. "El más afectado, con mucha diferencia, soy yo", reconoció. En cuanto a las pérdidas económicas que le puede suponer, Nores no quiso dar cifras concretas, pero estimó que puede llegar a perder "la mitad de mi empresa".

Be Sociable, Share!