La negociación de un nuevo sistema de bonificaciones fiscales para el sector naval en España con Bruselas continúa abierta un mes después de que el Gobierno enviase su propuesta formal, según aseguraron ayer fuentes comunitarias. "La Comisión todavía no ha tomado una decisión. Las discusiones con las autoridades españolas continúan", confirmó un portavoz de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea (CE). Bruselas dispone de un plazo legal de sesenta días desde que el Gobierno remitiese el nuevo tax lease –el pasado 22 de mayo– para ofrecer una respuesta (favorable o negativa) o optar por la vía del silencio administrativo, aunque astilleros y la industria auxiliar confiaban en tener noticias en plazo de un mes.

 

 Bruselas afirma que las discusiones con el Gobierno español "continúan"

 

Farodevigo.es, 26 de junio (Vigo). "Es normal que haya contactos entre la Comisión y las autoridades de los estados miembros antes de tomar una decisión", explicó la misma fuente, que aseguró no poder concretar una fecha para la respuesta oficial de Bruselas. En una entrevista con FARO, el comisario europeo de la Competencia, el español Joaquín Almunia, había anunciado que su departamento daría una contestación en el menor tiempo posible, aunque tanto los astilleros como las industrias auxiliares habían manifestado que tenían el compromiso de Bruselas de acelerar el proceso y resolver en un mes (el plazo habría vencido el pasado viernes).

Fuentes del sector naval señalan que Bruselas ya habría aceptado el nuevo sistema de bonificaciones fiscales español (genérico para otros bienes industriales con condiciones), pero antes de anunciarlo quiere resolver el expediente del tax lease anterior y zanjar la amenaza de la retroactividad de las supuestas ayudas ilegales concedidas a los astilleros españoles desde 2002, para así despejar cualquier duda sobre la seguridad jurídica de los futuros contratos.

Tanto el Gobierno como los astilleros siempre se han amparado en los principios de "confianza legítima" y "buena fe" para descartar la posible devolución de estas ayudas, que ascienden a unos 8.700 millones de euros y supondrían la práctica extinción de esta industria en España, y ponen como ejemplo lo sucedido en 2006 en Francia. No obstante, la CE le habría pedido ahora al Ejecutivo español que argumente esos principios antes de tomar su decisión.

La suspensión del tax lease cumplirá un año el próximo viernes 29 de junio y provocó la caída a mínimos históricos de la contratación de grandes buques en España. El sector confía en que el nuevo sistema pueda entrar en vigor durante el verano y que la ventanilla del tax lease en Tributos se abra el próximo septiembre para poder contratar en igualdad de condiciones que el resto de astilleros europeos. Empresas viguesas como Factorías Vulcano, Barreras, Freire o Metalships dependen de este sistema para presentar sus ofertas.

 

 

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