Los astilleros e industrias auxiliares gallegas coincidieron ayer al reclamar "diligencia" a Bruselas y al Gobierno español en la resolución del tax lease para frenar el deterioro económico que vive el sector desde la suspensión de este sistema de bonificaciones fiscales hace un año. 

 Astilleros e industria auxiliar emplazan a Competencia a ser diligente en el análisis de la documentación y al Gobierno a iniciar los cambios legislativos para su puesta en marcha 

FARO DE VIGO, 31 May. (Vigo).- Ante las declaraciones en exclusiva para FARO del comisario europeo de la Competencia sobre el expediente del tax lease, la patronal metalúrgica gallega (Asime) y las asociaciones de astilleros Aclunaga y Pymar emplazaron a Bruselas a "agilizar" el estudio de la documentación remitida por el Gobierno español respecto a la nueva propuesta, al tiempo que descartaron una posible devolución de las ayudas del anterior tax lease al haber actuado bajo los principios de "buena fe y confianza legítima".

Al mismo tiempo, instaron al Ejecutivo a iniciar con la mayor brevedad los cambios legislativos necesarios para aplicar el nuevo sistema de bonificaciones fiscales para la industria, en alusión al impuesto de sociedades.

Asime señaló que Competencia "debe velar por la competencia real y no permitir que se den situaciones discriminatorias en el ámbito de la UE como sucede actualmente con la construcción", para lo que reclamó "la mayor diligencia" a la hora de revisar la propuesta formal enviada por el Gobierno español la semana pasada. "Agradecemos el ejercicio de responsabilidad que ha hecho el Gobierno con esta propuesta y esperamos que Bruselas dé su respaldo para una mayor garantía del sistema aplicado", afirmó Enrique Mallón, portavoz de esta organización.

Aclunaga, el clúster naval de Galicia, avisó de que "nuevas dilaciones" respecto a la ausencia de un sistema de bonificaciones fiscales "seguirían agudizando los problemas de un sector fundamental para nuestra economía", por lo que coincidió en la necesidad de "agilizar al máximo el estudio de la documentación presentada" por el Gobierno. "Tenemos plena confianza en que la propuesta pondrá fin a la actual situación de impasse que está afectando al sector", señalaron fuentes de Aclunaga.

Respecto a la afirmación del comisario Joaquín Almunia de que será la comisión la que garantice si el nuevo tax lease es o no compatible y si hay que modificarlo (algo que niega el Gobierno y la Xunta), Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión) recalcó ayer que la propuesta remitida el día 22 a Bruselas "no constituye una ayuda de Estado e independientemente de que se tengan que contestar todas las aclaraciones que requiera la Comisión, estamos seguros de que el sistema se podrá aplicar en un periodo de tiempo corto".

En su entrevista a FARO, Almunia también dejó claro que si la Comisión declara ilegal el antiguo tax lease, ésta podrá exigir la devolución de las supuestas ayudas concedidas desde el año 2002, que ascenderían a miles de millones (9.000, según cálculos del propio sector). Sobre esta posibilidad, las tres organizaciones coincidieron al rechazar la retroactividad de la medida al haber actuado bajo los principios de buena fe y confianza legítima. "Pymar tiene conocimiento de que se han aportado pruebas suficientes para justificar que no se pida una recuperación de las supuestas ayudas, al amparo de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica", apuntaron desde la sociedad de astilleros.

Aclunaga tampoco contempla la devolución "de cantidad alguna" y Asime recordó que fueron operaciones "aprobadas individualmente" por el Gobierno y bajo los principios citados antes, "por lo que no valoramos la posibilidad de retroactividad". Asime recalcó que en 2006 ocurrió una situación semejante en Francia también a raíz de una denuncia, y que entonces no hubo devolución de las ayudas.

Desde la CIG, su responsable para naval, César Rodríguez, aseguró que sería un agravio comparativo aplicar la retroactividad en este caso y no en Francia en 2006. "Todo el mundo consideraba que era un sistema legal", apuntó. Diego Atanes, secretario general de MCA-UGT en Vigo, lamentó por su parte la "ambigüedad" política que ha rodeado el expediente del tax lease desde su origen, así como la falta de información por parte de la Xunta y el Gobierno. Ramón Sarmiento, responsable de Industria de CC OO, criticó en cambio la afirmación de Almunia de que "todo el mundo reconoce que el régimen anterior iba bastante más allá de las reglas establecidas para casos similares". "Es la primera vez que escucho eso", concluyó.

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