Factoría Naval está de nuevo a un paso del abismo y ha decidido iniciar su particular cuenta atrás. El próximo viernes, 1 de junio, echará el cierre a sus instalaciones portuarias y enviará a casa a toda la plantilla si para entonces el acuerdo marco a cuatro bandas (astillero, entidades financieras, Xunta y proveedores) que evitó su entrada en concurso el pasado 20 de abril no se hace efectivo, es decir, si no fluye el dinero comprometido.

 El acuerdo marco que le permitió evitar en abril el segundo concurso incluía pactos con Bankia, NGB, Banco Gallego y XesGalicia para inyectarle liquidez 

FARO DE VIGO, 29 May. (Vigo).- La decisión fue trasladada ayer por el director general de Factoría, Enrique Lago, tanto al presidente del comité, Nicolás Pérez, como al portavoz del frente de proveedores con el que tiene deuda pendiente, Rafael Outeiral. A ambos les anunció que había convocado al comité de seguimiento del citado acuerdo marco para mañana con el fin de exponer las razones que llevan a lanzar su ultimátum: cumplimiento en tiempo y forma de los compromisos adquiridos o liquidación.

El acuerdo marco que sustenta el plan de reflotamiento de Factoría Naval entró en vigor el pasado 21 de mayo al haber ratificado los directivos de Bankia, Novagalicia Banco (NGB) y Banco Gallego así como XesGalicia, la firma de capital riesgo de la Xunta, los respectivos convenios que conforman el entramado financiero tejido para saldar deudas y dotar de liquidez a la empresa. A partir de aquí se intentaría reiniciar la actividad con un plan de negocio articulado, en una primera fase, en torno a la reparación de buques y/o alquiler de instalaciones.

Este plan de viabilidad fue comunicado al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra en el mismo día en el que este órgano judicial iba a declarar el que sería el segundo concurso (antes suspensión de pagos) del astillero en apenas veinte meses y había alentado la esperanza de continuidad entre la plantilla e industrias locales relacionadas con la construcción naval.

El incumplimiento del acuerdo marco y subsiguiente cierre de Factoría Naval dejaría en el aire el pago de 12 millones de euros a los proveedores -una cifra que se reduce a 9,2 millones si se mantiene el convenio pactado- y medio millón más a los 34 trabajadores despedidos en el ERE extintivo del pasado mes de enero.

Precisamente, en estas dos últimas semanas, los proveedores (una plataforma de 300 firmas afectadas por la suspensión de pagos de 2010) ha estado consensuando el procedimiento y conciliando saldos para liquidar la deuda pendiente. La ratificación de los convenios por parte de las entidades financieras y por XesGalicia había sido interpretado como una "garantía" de que el plan de viabilidad diseñado iba a llegar buen puerto.

De hecho, apostando porque no haya marcha atrás, los proveedores expresaron su "buena disposición" a subir a las gradas de Factoría sus buques o encargos para reparar. El requisito sine qua non es, sin embargo, que se liquide la deuda pendiente: con los trabajadores despedidos y con ellos.

Fuentes de la Consellería de Economía e Industria instaba ayer a las partes implicadas en el reflotamiento de Factoría Naval que "cumplan con el acuerdo para que el astillero vuelva a la actividad lo antes posible".

Recuerdan que este departamento autonómico, a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) y XesGalicia, ha apostado muy fuerte por Factoría Naval y por la industria auxiliar, inyectando casi 23 millones de euros para su recuperación, 6,5 de los cuales serían aportados en el plan de viabilidad que está en entredicho. 

La comisión de seguimiento analiza mañana la situación

La dirección de Factoría Naval ha convocado una reunión urgente de la comisión de seguimiento del acuerdo marco que sustenta el plan de viabilidad del astillero para mañana con el objeto de reclamar el cumplimiento de los convenios firmados y ratificados por los órganos directivos de las partes implicadas.

Sobre la mesa se pondrá también la alternativa que plantea: el cierre de las instalaciones y el envío a casa de los trabajadores.

Esta doble actuación abre dos posibles escenarios: una interinidad de días, máximo un mes, durante la que se trataría de ejecutar los acuerdos (liberar el dinero y avales comprometidos, saldar deuda y reiniciar la actividad) o la entrada en un proceso concursal abocado a la liquidación del astillero.

La comisión de seguimiento está integrada por representantes de Xesgalicia y del Igape y los portavoces de Bankia, Novagalicia Banco (NGB) y Banco Gallego, las tres entidades implicadas en el reflotamiento del astillero, además de la dirección de Factoría.

Los proveedores han pedido poder estar presentes en esta reunión, si no en toda por lo menos en parte, para tener información de primera mano de lo que está sucediendo. El comité espera que les informe la empresa.

 Un entramado financiero a punto de ser devorado por la crisis de Bankia y Novagalicia Banco

La nacionalización parcial de Bankia y su posterior desplome en Bolsa así como la incertidumbre que pesa sobre el futuro de Novagalicia Banco (NGB) están a punto de hacer descarrilar el acuerdo marco para reflotar Factoría Naval ya que ambas entidades sostienen el grueso del entramado financiero tejido para salvar la empresa. Un entramado del que forma parte también el Banco Gallego y XesGalicia, la firma de capital riesgo de la Xunta.

Los documentos que ratifican los convenios individuales son la esperanza a la que se agarran proveedores y trabajadores para creer que Factoría Naval aún puede salvarse mientras que la Xunta de Galicia exige, con estos mismos documentos en la mano, que se cumpla lo pactado.

El astillero tiene que pagar a los proveedores 9,2 millones de euros, de los que 6,5 serán ejecutados a cuenta de los pagarés avalados por la Xunta (el 70% de los que obran en poder de las firmas auxiliares) y los otros 2,7 millones a cuenta de los certificados por el propio astillero.

Aunque todos los documentos mercantiles tienen el 30 de diciembre de 2012 como fecha de vencimiento, la liquidación tendría que ser "inmediata", debido a que uno de los pilares del plan de reflotamiento de Factoría Naval es un acuerdo con las auxiliares por el cual estas cobrarían los 9,2 millones de euros a cambio de aceptar una nueva quita (condonación) de 2,7 millones sobre los 12 que restaban para saldar la deuda renegociada en 2010 y que entonces supuso implicó una renuncia de 19 millones para garantizarse el pago aplazado de otros 38 millones.

Por otra parte Factoría adeuda a los trabajadores despedidos 500.000 euros en concepto de indemnización.

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