El Gobierno central no solo rechaza crear avales especiales para el naval gallego, sino también impulsar la creación de un gravamen especial a los barcos que hayan sido construidos en astilleros no comunitarios cuando entren los puertos europeos para compensar la suspensión del «tax lease» por parte de la CE.

 Así lo dice el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria 

ABC, 16 Abr. (Madrid).- El BNG había planteado al Gobierno que adoptara, en colaboración con la Xunta de Galicia, «una línea especial de avales para el sector así como una línea de actuación en I+D+i que tuviera por objeto la aplicación de programas para el diseño de buques y robótica y el incremento de la seguridad y el respeto al medio ambiente». 

Según la respuesta del Ejecutivo al grupo nacionalista gallego —recogida por Ep—, el sector naval español ya puede acceder a diferentes ayudas e incentivos de varios departamentos ministeriales y entidades públicas, por lo que «la habilitación de una línea especial de avales para el sector naval gallego no resulta procedente, sino que en su caso debe continuar la utilización de los mecanismos de aval ya existentes en aquellos supuestos que realmente sea posible garantizar la viabilidad de las empresas afectadas». 

En la misma línea, considera que «tampoco es procedente la propuesta de impulsar la exigencia de un gravamen en los puertos europeos para los barcos que no hayan sido construidos en astilleros comunitarios ya que tiene un carácter proteccionista y contrario a la globalización de los mercados». 

Trabajar ante la UE

En cualquier caso, el Gobierno reconoce que es «esencial» solventar «con la mayor celeridad posible los inconvenientes derivados de la incertidumbre generada» tras la apertura por parte de la CE de un procedimiento de investigación contra España a cuenta del sistema de amortización aplicable a determinados elementos financieros para la construcción de buques, el conocido «tax lease», que fue denunciado por los Países Bajos en junio de 2011. 

Para ello, asegura que el Ministerio de Economía y Hacienda está realizando «las gestiones precisas para alcanzar la resolución más satisfactoria para todas las partes afectadas» y que ya se han presentado las pertinentes alegaciones al procedimiento, «justificando punto por punto la plena compatibilidad del sistema con el ordenamiento jurídico comunitario», negando así las acusaciones de incompatibilidad. 

Asimismo, el Gobierno dice estar defendiendo «la aplicación de los principios comunitarios de buena fe y confianza legítima» para evitar perjuicios a las operaciones de «tax lease» realizadas «con anterioridad a al fecha de publicación de la decisión final» del procedimiento investigador, y también trabaja ya en el establecimiento de un nuevo sistema para la adquisición de buques.

Be Sociable, Share!