Balears es la única comunidad con actividad pesquera que no cuenta con una ley de pesca. Ayer el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, dio el primer paso para solucionar esta carencia al presentar el anteproyecto de ley de pesca marítima, marisqueo y acuicultura. Una normativa que calificó de "urgente y necesaria". Se trata de una iniciativa que regulará la actividad pesquera desde la extracción hasta la comercialización. Asimismo, Company detalló que la norma se adapta a la nueva política pesquera comunitaria, por ello, uno de sus principales puntos es la creación de registros oficiales en aguas interiores, que son de competencia autonómica. Así, la ley contempla la creación de un censo de pesca recreativa.
El Govern presenta el anteproyecto de una normativa que abre la puerta al turismo pesquero
DIARIO DE MALLORCA, 12 Abr. (Palma).- La urgencia de disponer de una ley es tal porque, según admitió Company, la normativa actual en esta materia es "escasa, fragmentaria y, en algunos casos como la pesca de arrastre, inexistente". Otro de los objetivos es ordenar la situación competencial entre el Govern y los Consells. De esta manera, el Ejecutivo autonómico marcará los principios generales sobre los que podrán actuar las instituciones insulares. El anteproyecto empezó ayer su tramitación al someterse durante los próximos 30 días a exposición pública.
Según el Govern, "la nueva ley de pesca es la fórmula que mejor integra la normativa europea basada en planes de gestión plurianuales, censos de barcos y cuotas de pesca". En este punto, Company detalló que los planes de gestión están justificados con estudios. Es decir, si en una zona hay poca cantidad de pescado, se puede regular con dicho plan. Asimismo, la norma refuerza la figura de reserva marina como herramienta esencial de la gestión pesquera. El anteproyecto contempla la creación de
El anteproyecto de ley establece un nuevo régimen sancionador de la pesca profesional y recreativa, del marisqueo y de la acuicultura. El jefe del Servicio de Recursos Marinos, Antoni Grau, especificó que en pesca marítima la norma autonómica adapta la ley estatal a la realidad balear, ya que en el ámbito nacional está pensada para grandes barcos. En algunos casos, apuntó, lo hace a la baja y otros al alza. Aportó algunos ejemplos. La legislación estatal considera que es un hecho grave si los pescadores aficionados venden el pescado, mientras que en el caso de las islas pasará a ser un hecho muy grave. Traducido en euros, implicará pasar de pagar 300 euros a 30.000. En cambio, añadió, "que te pillen sin la licencia supone 300 euros mientras que aquí se reducirá a una amonestación si se puede demostrar que se tiene la licencia pero se la ha dejado en casa". "Ha de quedar bien claro que lo que está prohibido, está prohibido y lo vamos a perseguir", sentenció el conseller, que aseguró que su departamento aboga por que la pesca profesional y recreativa convivan pero con lealtad.
La flota profesional balear cuenta con 358 embarcaciones y representa 672 puestos de trabajo directos. Además genera unos 22 millones de euros anuales con la captura de 3.600 toneladas por año. En cambio, la pesca recreativa cuenta con 50.000 licencias, la mayoría son individuales de superficie, 10.000 de embarcaciones y 1.500 de pesca submarina.
La ley abre la puerta a una reivindicación histórica del sector: el turismo pesquero. Así, la norma contempla la posibilidad de que la actividad pesquera se combine con otras actividades económicas relacionadas con el turismo pesquero. Eso sí, para que sea una realidad el camino es complicado pero al menos en la ley se abre la puerta a dicha posibilidad.
