Los trabajadores sostienen que el nuevo concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) presentado por Factoría Naval de Marín ha sido buscado de manera deliberada. En esta línea el presidente del comité, Nicolás Pérez, explicaba ayer que cuando el astillero pase a manos de los administradores judiciales les entregarán la información y pruebas que supuestamente demuestran que estamos ante un "concurso culposo".
Trasladarán a los administradores judiciales pruebas que supuestamente acreditan que es un concurso culposo
FARO DE VIGO, 03 Abr. (Vigo).- "Nos hemos informado con un abogado y sabemos que estando en suspensión de pagos son los administradores concursales los únicos que, si constatan irregularidades, pueden iniciar acciones legales contra el propietario así que cuando los nombren y hablemos con ellos vamos a poner a su disposición toda la información que tenemos" señalaba Nicolás Pérez, quien reprochaba a la dirección empresarial que no hubiese comunicado al comité que el pasado viernes formalizó la petición de suspensión en el Decanato de los Juzgados de Pontevedra.
A falta de asignación del caso, lo que puede demorarse unos días, fuentes judiciales apuntaban el pasado viernes que probablemente sea el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra el que se haga cargo de la concursal, ya que se ocupó de la primera suspensión presentada en junio de 2010.
Por su parte los proveedores (un frente de 300 empresas perjudicadas por el concurso de 2010) confían en que se pueda mantener el acuerdo alcanzado hace apenas un mes con Factoría Naval por el cual renunciarían a cobrar 2,7 millones de euros de la deuda pendiente a cambio de garantizarse el pago "inmediato" de los 9,2 millones restantes. "Hablamos de un horizonte temporal de no más allá del 15 de abril" apuntaba entonces el portavoz del frente de proveedores y gerente de Nodosa, Rafael Outeiral.
Los doce millones objeto de este acuerdo son el "fleco" del pacto alcanzado hace año y medio por ambas partes para que Factoría pudiese salir del concurso de acreedores (suspensión de pagos) en el que estaba y que se tradujo en la aceptación de una quita del 33% que implicó la condonación de 19 millones; el cobro inmediato de otros 19 y el pago de dos plazos de 9,5 millones cada uno a fecha 30 de diciembre de 2011 y 30 de diciembre de 2012.
"Nos consta que en este tiempo de descuento, hasta que entren los administradores judiciales, siguen negociando con las entidades financieras (Novagalicia Banco-NCB y Bankia) y con nosotros y esperamos que estos pasos lleguen a buen puerto" manifestaba ayer Rafael Outeiral, quien recordaba que el astillero entra en concurso "con un plan de viabilidad encarrilado".
Además del acuerdo para saldar la deuda, Factoría Naval "adelgazó" el pasado mes de enero su plantilla con un ERE extintivo que puso en la calle a 34 trabajadores y trata de revertir préstamos bancarios en créditos participativos para subsanar el desfase patrimonial. La guinda del plan de viabilidad, ahora en el aire, sería una inyección se capital del propietario: el empresario valenciano José María Suescun.
Suescun y la falta de respaldo financiero tiran el plan de gestión del personal
Técnicos del Igape (Instituto Galego de Promoción Económica) valoraron la propuesta de gestión directa y plan de viabilidad presentado por los trabajadores de Factoría Naval como posible alternativa de futuro para el astillero y concluyeron que no es viable, según reconocía ayer el presidente del comité. Nicolás Pérez explicó que dos cuestiones tiran abajo el proyecto: la falta de respaldo financiero y más importante todavía, la aparente nula voluntad del propietario, José María Suescun, de poner la empresa a la venta.
Los trabajadores entienden que Factoría Naval sí tiene futuro tanto en el campo de la reparación de buques –en una primera fase lo más factible– como en el de nueva construcción.
Los despedidos de Factoría Naval reclaman que se priorice el pago de su deuda. Los 34 extrabajadores salieron de la empresa sin percibir un euro de las indemnizaciones consignadas en el ERE extintivo: veinte días por año trabajado hasta un máximo de doce mensualidades, el mínimo legal que establece la ley y sin ni siquiera una fecha de cobro marcado. Desde entonces se movilizan para urgir el pago de los 500.000 euros que les corresponden.
