El resultado de la investigación sobre las causas del naufragio en 2009 del pesquero ribeirense "Nosa Cantiga" revela "lo que en el sector marítimo es un secreto a voces: que las inspecciones y los despachos se ejecutan en muchos casos de forma irregular en cuanto a condiciones del buque, tripulaciones y sus cualificaciones profesionales exigidas por la legislación española, europea e internacional".Es lo que señala la Asociación Española de Titulados Náutico-Pesqueros (Aetinape), que recuerda que viene dedicando múltiples denuncias a este asunto desde hace décadas.

 Aetinape pide responsabilidades legales para quienes incumplan las normas 

FARO DE VIGO, 13 Feb. (Vigo).- Para Aetinape, "la confirmación por parte de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, adscrita al Ministerio de Fomento, de que el Distrito Marítimo de Ribeira, dependiente de la Capitanía Marítima de Vilagarcía, "despachó irregularmente el 5 de septiembre de 2009 al arrastrero ribeirense Nosa Cantiga, que naufragó al día siguiente frente a las costas de Portugal por una vía de agua" [como publicó el pasado día 5 de febrero este diario] "devuelve a la actualidad uno de los más importantes asuntos relacionados con la seguridad del trabajo en el mar, como son las inspecciones y despachos de buques".

Para la asociación, tal problema "cobra una dimensión global al analizar también las condiciones de seguridad de los buques que relevan sus tripulaciones en países lejanos o incluso en alta mar, donde el Estado español no puede controlar las condiciones de seguridad de estos buques".

Aetinape recuerda que se dirigió a las autoridades públicas europeas, españolas y autonómicas, para que adopten medidas ante lo que puede considerarse "un fraude a la filosofía del apoyo público a las empresas pesqueras". Así, entre las medidas demandadas están exigir a todas las empresas los certificados periódicos de cotización a la Seguridad Social española por cada tripulante y que, además de los obligatorios reportes de pesca que cada barco efectúa a la Secretaría General de Pesca, "se incorpore la obligatoriedad de informar a dicha Institución, a la Dirección General de la Marina Mercante y al Instituto Social de la Marina sobre los datos personales y profesionales del cuadro de mandos del buque", tanto a la entrada como a la salida de puerto.

En paralelo, la asociación de titulados náutico-pesqueros demanda a la Administración "vincular las ayudas públicas a aquellas empresas que cumplan con la legalidad vigente en esta materia y el compromiso de crear empleo comunitario, y mejoren las condiciones sociolaborales de sus tripulaciones".

Finalmente, la asociación profesional considera que "aplicar las responsabilidades que en Derecho procedan para funcionarios y empresarios que permiten estas prácticas fraudulentas sería una forma de perfeccionar este sistema de inspecciones y controles" de tal manera "que se pueda hablar de un auténtico sistema de seguridad humana a bordo".

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