Están encendidas todas las alarmas. No es para menos. Según los que saben de esto, el sector naval gallego entra de lleno en la más adversa coyuntura que haya conocido en toda su historia. Peligran varios miles de puestos de trabajo, directos e indirectos. Se trata de una actividad industrial clave para la economía de las rías de Ferrol y Vigo, zonas ambas especialmente castigadas por esta crisis de nunca acabar, pero es Galicia en su conjunto la que puede verse seriamente afectada si esto se nos hunde.
Ferrol y Vigo, con un problema común, atraviesan situaciones diferentes
LA OPINION CORUÑA, 24 Ene. (Ferrol).- Aunque tienen aspectos en común, son situaciones diferentes. En Ferrolterra, los astilleros públicos dan trabajo actualmente a unas dos mil quinientas personas, cuando en los años setenta ocupaban a más de quince mil trabajadores. Las empresas auxiliares perdieron mil empleos en solo dos años, al quedar reducida al mínimo la carga de trabajo. Pero el horizonte no hace más que oscurecerse. De aquí a seis meses únicamente habrá un buque en construcción, salvo que lleguen a buen puerto las gestiones en marcha para conseguir nuevos encargos en países como Brasil, Turquía o la India que, además, en ningún caso se materializarían de inmediato.
Navantia tiene vetada la construcción civil por parte de la Unión Europea por haber recibido unas ayudas del Gobierno español que Bruselas declaró ilegales. La solución está en que se levante la prohibición y en que se construya un gran dique flotante, para ampliar la actividad de reparación y transformación de barcos, que es lo único que va funcionando mal que bien. Lo que parece descartado, por los recortes presupuestarios, es que Defensa encargue la sexta fragata F-100 para la Armada, que sería un remedio para varios años.
En la ría de Vigo son empresas privadas las que están, una vez más, en serios apuros. Los astilleros vigueses llevan más de un año sin contratar un nuevo barco. Por lo visto, los que peor lo están pasando son dos de los grandes, las históricas Barreras y Vulcano. Ambos están en concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) y con las plantillas reguladas. No se descarta el cierre definitivo. La situación se agravó últimamente a causa del problema de la tax lease y de la falta de financiación, aunque desde el ámbito sindical se responsabiliza a los gestores de estas empresas que por su mala cabeza, a pesar de haber recibido durante años ayudas multimillonarias, las han llevado a situaciones límite, al borde de la quiebra.
Todas las miradas están puestas en el nuevo Gobierno de Madrid. Con decisiones propias o negociando con la Comisión Europea, el futuro del naval galaico está en manos de Rajoy y sus ministros. La Xunta aguarda que, por afinidad política y territorial -por algo el presidente presume de gallego-, Moncloa sea ahora más receptiva que lo fue en la etapa de Zapatero hacia la problemática de la construcción de barcos. Feijóo confía en que con un mínimo de sensibilidad y de voluntad política se adopten medidas que empiecen por reanimar para después sacar de la UCI a un entramado industrial que por su gran capacidad innovadora, goza de prestigio en todo el mundo. A don Alberto le viene muy bien que el problema no sea exclusivamente gallego. De ese modo puede encontrar para sus justas reivindicaciones el apoyo de otras comunidades que pasan por el mismo trance. Siempre es más apremiante arreglar el mal de muchos que el de uno solo.
