Incómodo. Tal vez sea este el adjetivo que mejor califique la situación creada entre las autoridades portuarias de Vilagarcía y Marín a raíz de que se haya hecho pública la reclamación que la consignataria marinense Pérez Torres ha presentado contra el Puerto arousano. Ayer, ninguna de las dos partes implicadas en este conflicto quiso romper su silencio. Sí hablaron, en cambio, fuentes del sector portuario, que no disimularon su preocupación acerca de una posible colisión institucional con el tráfico de contenedores como telón de fondo.

 

La Voz de Galicia, 16 de diciembre (Pontevedra). «La reacción de Pérez Torres es comprensible, por cuanto la terminal de contenedores de Vilagarcía le acaba de arrebatar a uno de sus principales clientes, Boluda, pero en condiciones normales una reclamación de este tipo no debería prosperar», argumenta uno de los empresarios que opera en las Rías Baixas. «Cuestión distinta es la capacidad que Vilagarcía y Marín puedan tener a la hora de hacer valer sus argumentos ante entes como Puertos del Estado, porque también es evidente que, aunque la Autoridad Portuaria marinense no tenga que ver con esta reclamación, tampoco está contenta con el cambio de tráficos hacia Arousa», concluyen las mismas fuentes.

 

El concierto autonómico

 

De momento, la iniciativa de Pérez Torres se mantiene en la vía administrativa. La reclamación patrimonial se fundamenta en la consideración de que la forma en la que se gestionó la concesión de la terminal de contenedores de Ferrazo, con los impagos e incumplimientos que perpetró su primera operadora, Contenemar, constituye un ejercicio de competencia desleal. La consignataria le pone una cifra concreta al daño que reclama de la Autoridad Portuaria arousana: 2 millones de euros. Si la respuesta de Vilagarcía no satisface las expectativas de la empresa, esta se reserva el derecho de acudir a los tribunales para defender su postura. La Xunta, por su parte, no intervendrá en el conflicto hasta que exista una resolución.

Es la Consellería do Mar la que, desde el retorno del PP al Gobierno gallego, reúne las competencias autonómicas en materia portuaria. Controla los consejos de administración de los cinco puertos de interés general y designa a sus presidentes. De momento, sin embargo, considera imprudente terciar en un proceso aún en tramitación.