El sector pesquero español ha sufrido hoy un duro golpe por el veto del Parlamento Europeo (PE) al acuerdo con Marruecos que obligará a la flota a abandonar de inmediato tan codiciado y polémico caladero, sin saber, una vez más, si podrá volver.
En virtud del pacto, Marruecos ha recibido una contrapartida financiera de 36 millones de euros anuales.
ABC, 14 de diciembre (Madrid). El "no" de la Eurocámara a la prórroga del acuerdo ha propiciado la interrupción del que se considera el pacto con mayor importancia política para la Unión Europea (UE) en materia pesquera, además de ofrecer licencias a 119 buques europeos, un centenar españoles.
Actualmente emplean esos permisos unas 70 embarcaciones de Andalucía y Canarias, que dan trabajo a unos 840 tripulantes y que deberán volver a sus puertos, en breve, sin saber si podrán regresar a las costas del país norteafricano.
El acuerdo que se suspende entró en vigor en 2007 y supuso la vuelta a las aguas marroquíes de la flota española, tras ocho años de ausencia, ya que el anterior protocolo había concluido en 1999.
Los armadores, representados por la Confederación Española de Pesca (Cepesca) han lamentado la decisión del PE contra la prórroga, que estaba vigente hasta el 27 de febrero de 2012.
Los navíos afectados, según Cepesca, quedan en absoluta "inseguridad jurídica" porque habían pagado sus licencias, cánones y observadores para faenar aguas marroquíes en los próximos tres meses.
La prórroga vetada hoy se aplicó de forma provisional, desde el pasado mes de febrero, porque dados los largos trámites habituales en las instituciones de la UE se intentó que no se interrumpiera la actividad de la flota en aguas marroquíes.
Las razones que han llevado al voto del PE son ecológicas, pero sobre todo están ligadas a la consideración de que es un pacto ilegal por no respetar los derechos de la población del Sahara occidental.
Este argumento ya fue esgrimido hace años por países del norte como Suecia o Dinamarca, pero adquirió mayor aceptación desde que empezó la actual legislatura en el Parlamento Europeo, con mayor peso de grupos como Los Verdes.
La propia comisaria de Pesca, María Damanaki, exigió a Marruecos que demostrara que los saharauis se estaban beneficiando adecuadamente de la compensación económica obtenida por Rabat gracias al acuerdo.
La ruptura del convenio se produce en un momento muy delicado para el sector español y perjudica precisamente a dos autonomías con alto índice de desempleo, que según la oficina estadística comunitaria Eurostat, lideran, junto con Isla Reunión, el ránking de regiones europeas con más paro.
Se abre un período incierto sobre el futuro del acuerdo, la negociación entre Bruselas y Rabat y el porvenir de los pescadores.
La decisión del PE afectará a las relaciones de la UE y del Gobierno español con el país magrebí, con el que tradicionalmente fue difícil discutir en el ámbito de la pesca.
Otro interrogante es la respuesta del Gobierno español a los barcos afectados, pues en el pasado la falta de acuerdo con Marruecos propició planes de reconversión y el desembolso de fondos de Bruselas para costear el desguace.
Pero en el contexto actual, las palabras "financiación" y "ayudas" hacen temblar toda clase de arcas, ya sean comunitarias, nacionales o autonómicas.
