El Ministerio de Industria se compromete en el documento del "tax lease" transitorio enviado el pasado viernes a Bruselas a "fijar el inicio de los efectos fiscales [bonificaciones] en el momento de la entrega o puesta en funcionamiento" de los barcos. El informe, al que ha tenido acceso FARO, consta de ocho páginas en las que el Gobierno español informa a Bruselas de las "adaptaciones al actual régimen objeto de examen por la Comisión en el marco del expediente SA.21233. El compromiso equivaldría a una derogación de los efectos anticipativos.

Hasta ahora las bonificaciones fiscales comenzaban en el momento de la firma de los pedidos
 
FARO DE VIGO, 11 Oct. (Vigo).- Las quejas de astilleros gallegos sobre el documento del "tax lease" alternativo –que fue calificado de "basura"– forzó a últimas horas del viernes a introducir cambios que el sector valora ahora como "razonables" y considera que el nuevo texto "es más asumible y será más eficaz".
 
El presidente de Pymar y de astilleros Gondán, Álvaro Platero, envío ayer a los responsables de los astilleros un correo electrónico "confidencial" en el que muestra su "satisfacción" por el texto que finalmente se envío y que asumía algunas consideraciones de los astilleros gallegos.
 
El documento señala que "la configuración de un régimen debidamente adaptado para superar cualquier controversia sobre la ejecución de potenciales ayudas nuevas, viene motivada por la urgente necesidad de otorgar al sector de transporte marítimo la capacidad para contratar la adquisición de buques, evitando así daños irreparables tanto en este sector como en el de la construcción naval", sector que el Ministerio de Industria reconoce que se encuentra en "una situación crítica".
 
El Gobierno español señala que el nuevo régimen "ha de entenderse como una adaptación transitoria, sin perjuicio de efectuar en su momento las adaptaciones definitivas que se deriven del examen" de la Comisión de la Competencia.
 
Las autoridades españolas subrayan que las adaptaciones consideradas no constituyen, en modo alguno "el reconocimiento de la existencia de ayudas nuevas en su actual régimen".
 
Señala además de que instrumentación de un nuevo régimen exige que no requiera de modificaciones legales, ya que "las autoridades fiscales disponen de plena capacidad para ejecutar tales adaptaciones en virtud de los poderes que la Ley le otorga".
 
Afirma que esta característica "otorga plena seguridad" de que el nuevo régimen transitorio se aplicará bien en condiciones plenamente equiparables al régimen general, bien mediante una aplicación de la tributación sobre tonelaje "que supera cualquier duda sobre su carácter de ayuda existente".
 
Industria no comparte, sin embargo, las dudas que Competencia sobre el tratamiento de las plusvalías en la tributación en función del tonelaje. Entiende que el análisis de la Comisión asimila inadecuadamente "el concepto de plusvalía con el de ajuste fiscal especial que instaura dicha tributación especial que grava, no solo una potencial plusvalía latente en la incorporación al tonelaje, sino además la diferencia entre amortización fiscal y contable en el momento de la cesión del buque. Lo que sí se comprometen las autoridades españolas es eliminar preceptos reglamentarios que pudieran inducir a un tratamiento distinto entre buques acogidos a arrendamiento financiero y los adquiridos bajo modalidades distintas.
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