España, principal potencia pesquera europea, se enfrenta desde la semana próxima a una dura negociación, la de la reforma de la Política Pesquera Comunitaria (PPC), en la que tratará de amortiguar las radicales propuestas de Bruselas, en un momento complicado para el sector.

La Comisión Europea (CE) presentará el próximo día 13 su propuesta legislativa para cambiar la PPC
 
EFE, 05 Jul. (Madrid).- España, principal potencia pesquera europea, se enfrenta desde la semana próxima a una dura negociación, la de la reforma de la Política Pesquera Comunitaria (PPC), en la que tratará de amortiguar las radicales propuestas de Bruselas, en un momento complicado para el sector.
 
La Comisión Europea (CE) presentará el próximo día 13 su propuesta legislativa para cambiar la PPC, en un contexto de escasez de recursos en los caladeros y de problemas económicos en el segmento de la pesca por la falta de cuotas o el alza de los carburantes.
 
Con esta propuesta, comienza oficialmente la negociación entre las instituciones de la Unión Europea (UE), que se prolongará hasta 2012, con la idea de que la nueva PPC se aplique en 2013.
 
España es el país que más se juega, pues con una flota nacional de 10.850 barcos y una producción superior al millón de toneladas de pescado y de marisco lidera este sector entre los Estados miembros de la UE, según datos de la Comisión Europea (CE).
 
Asimismo, esta actividad da trabajo a unos 51.000 tripulantes en España y de forma indirecta genera 160.000 empleos, según estimaciones de la Confederación Española de Pesca (Cepesca).
 
La reforma que se avecina se anuncia más drástica que otras revisiones de la PPC, pues la comisaria europea de Pesca, María Damanaki, ya ha advertido de la necesidad de recortar la flota por la escasez de existencias pesqueras en los caladeros e incluso ha criticado que los países no hayan reestructurado lo suficiente el sector.
 
Según las ideas manifestadas por Damanaki, su visión de esta política es más ecologista que la de otros antecesores, lo que también puede traducirse en dejar en un segundo plano el aspecto socio-económico.
 
En consecuencia, los proyectos de la CE podrían suponer una reducción en la financiación de medidas destinadas al sector, según fuentes del sector.
 
No obstante, la propuesta de la próxima semana no hablará sobre el futuro presupuesto de la UE para la pesca, a partir de 2014.
 
En la actualidad, España recibe más de 1.100 millones anuales del Fondo Europeo de la Pesca (FEP).
 
Por otra parte, Damanaki también ha hecho público su interés por endurecer las condiciones a la hora de firmar acuerdos de pesca con países terceros, lo que afecta a numerosos barcos españoles que faenan fuera de las aguas de la UE.
 
España tratará en esta reforma de amortiguar y de minimizar el efecto socio-económico de los cambios que pretende Bruselas, tal y como ha manifestado el Gobierno español en diversos foros.
 
De hecho, España ha suscrito con otros países pesqueros declaraciones conjuntas para reclamar, por un lado, que se mantenga una financiación "potente" de la PPC y por otro, para la defensa de los convenios con terceros países.
 
Otra reivindicación que deberá defender España en esta negociación es la modificación de la "estabilidad relativa", un criterio histórico que ha determinado el reparto de cuotas y que ha restringido a la flota española su acceso a los caladeros; pero Bruselas quiere conservar ese concepto.
 
Otro aspecto de la propuesta, que Bruselas presentará la semana que viene, será la idea de crear un mercado de cuotas entre las flotas de un país, aplicable a los barcos de más de 12 metros de eslora.
 
España está interesada en que se regule ese tipo de traspasos de derechos de pesca, que ya se aplica en casos como el pez espada o el atún rojo y permite aprovechar mejor las cuotas.
 
El Gobierno ha convocado reuniones con las comunidades autónomas, con los partidos políticos y con el sector para tratar de consensuar una postura nacional de cara a la reforma.
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