La Comisión Europea ha solicitado a Bégica, Chipre, Estonia, Francia, Polonia, Portugal y el Reino Unido que adopten las normas nacionales correspondientes para transponer la normativa comunitaria de controles en los puertos, que requiere inspeccionar con frecuencia los barcos sospechosos y amplía las posibilidades de sanción. Estos Estados tienen dos meses para informar a la Comisión sobre las medidas que hayan podido tomar. Pasado ese plazo, el caso se derivará al Tribunal de Justicia.