La comisaria europea de Pesca, María Damanaki, pretende aplicar "criterios más estrictos" para la concesión de las ayudas pesqueras, con el fin de evitar que beneficien a barcos que han actuado ilegalmente y han incumplido las normas de la UE.
La comisaria es partidaria también de implantar una certificación a escala mundial para garantizar el "comercio justo" de peces.
Bruselas, 23 mar (EFE).- La comisaria afirmó hoy, en el Parlamento Europeo (PE), que quiere aprovechar la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) para endurecer los requisitos a la hora de seleccionar los barcos que podrán beneficiarse de los fondos que llegan de la UE, destinados al sector pesquero.
Damanaki, quien intervino en un seminario organizado por el grupo de los liberales sobre la relación entre subsidios y pesca ilegal, indicó que la UE ha avanzado contra ese problema con su regulación, que establece iniciativas como un certificado obligatorio para acreditar que el pescado ha sido extraído legalmente o la "lista negra" de barcos que han actuado al margen de la ley.
Recalcó que "aún se puede hacer más" y abogó por condicionar de una forma más exigente la concesión de ayudas a que los armadores presenten pruebas, para demostrar que están actuando de acuerdo con las normas.
La comisaria es partidaria también de implantar una certificación a escala mundial para garantizar el "comercio justo" de peces.
En el seminario, la plataforma Ocean2012, cuyo lema es frenar el exceso de pesca, presentó un informe según el cual la UE ha pagado ayudas por 14 millones de euros a 26 barcos españoles "condenados" o penalizados por incumplir la ley entre 1994 y 2006.
Ocean2012 destacó casos como el de un navío vasco, construido con una ayuda de 1,2 millones de euros, que fue multado en 2005 por faenar ilegalmente en aguas francesas o el de una empresa atunera penalizada por EEUU en 2010 y que posteriormente percibió 307.000 euros del Gobierno español para incrementar su seguridad contra los piratas.
"En España, las ayudas destinadas a promover la pesca y las comunidades costeras han acabado por provocar graves daños ecológicos, sociales y económicos", según el coordinador español de Ocean2012, Miguel Ortega.
La comisaria Damanaki señaló que un 20 por ciento del pescado que se extrae en el mundo es capturado ilegalmente y que esa práctica genera 10.000 millones de euros anuales.
