Valencia acogió ayer una jornada sobre el impacto de la nueva Ley de Puertos (33/2010) en el marco portuario nacional. El encuentro reunió a representantes de diferentes Autoridades Portuarias, profesionales del sector y destacados agentes portuarios en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia. Liberalización, consenso, modernización, inversión privada o competitividad, algunas de las palabras clave del día
“La nueva ley refueza el papel de landlord (propiedad en inglés) avanzado de las Autoridades Portuarias
VEINTEPIES.com, 27 Ene. (Valencia).- Una jornada con el título “El nuevo marco portuario” reunió ayer en Valencia a representantes de diferentes Autoridades Portuarias Españolas (Valencia, Vigo, Melilla o Cartagena), agentes portuarios destacados (la vicepresidenta de ANAVE, Elena Seco), entre otros) o profesionales del sector logístico-portuario.
El debate se centró en la incidencia de la nueva Ley de Puertos (33/2010) y sus consecuencias para los puertos y su funcionamiento. “La nueva ley refueza el papel de landlord (propiedad en inglés) avanzado de las Autoridades Portuarias. La ley refuerza el papel de las Autoridades Portuarias como difusoras de la actividad integral”, explicó Ramón Gómez-Ferrer, director general de Valenciaport.
Gómez-Ferrer se congratuló de que de la ayer era “una de las primeras jornadas de difusión con motivo de la nueva ley” y recordó aspectos clave de la normativa como el refuerzo de la intermodalidad ferroviaria; mejora la capacidad de los puertos para atraer/estimular los tráficos; la búsqueda de la autosuficiencia económica o el papel que se otorga la Administración Central de poder intervenir o supervisar el modelo de estiba; la adopción de coeficientes correctores o la consolidación del papel de la OPPE en la supervisión de la prestación de los servicios portuarios.
No obstante, el director del enclave valenciano reconoció que “Va a ser difícil que se cumpla la rentabilidad del 2,5% porque en muchos casos estamos endeudados”, además de puntualizar que “Esta ley debería haber contado con más participación de los profesionales del sector logístico y portuario”.
Gómez-Ferrer cerró su intervención recordando a los asistentes que “el modelo portuario español está a la vanguardia de los modelos portuarios europeos”.
“Ley del Consenso”
Por su parte, el representante de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena (Director de Planificación y Desarrollo de Puertos de OPPE) hizo un repaso minucioso a los aspectos más importantes de la Ley 33/2010 y recordó que “Ante todo es una ley de consenso, algo poco inusual en esta Legislatura, que ha contado con el amplio apoyo en el Congreso”.
“Se trata de un marco legal que quiere que todas nuestras energías vayan encaminadas a mejorar y modernizar nuestros puertos”, en ese sentido, reconoció el impacto de la crisis en los puertos españoles -las previsiones de OPPE era alcanzar los 500 millones de toneladas en 2008- no obstante, esto no se llegó a alcanzar por la recesión, si bien, con los datos acumulados oficiales del organismo público, en 2010 se han manejado 430 millones de toneladas “una cifra que tampoco es baladí”.
Rodríguez recordó la apuesta por un “reequilibrio en los modos de transporte y el de contar con un principio de movilidad sostenible” y reconoció “los costes externos de la carretera (emisiones, congestión…)”.
Además, apostó por el papel de las Autopistas del Mar que impulsa la nueva normativa en un contexto, nacional y europeo, liberalizador -que no desregulador- en todas las áreas del transporte: carretera, aéreo, marítimo y ferrocarril.
Además, explicó los aspectos en común y grandes diferencias de las tres grandes reformas en materia portuaria llevadas a cabo desde 1.992.
En este sentido, situó en 1.996 como el año en las que las Comunidades Autonómas asumieron más poder sobre los puertos -gracias al acuerdo PP y CIU- y, a partir de ahí, de forma autonómica, se ha podido elegir a los Presidentes de las AA.PP.
En cuanto al régimen económico de los puertos, el representante de OPPE valoró muy positivamente lo que defiende la nueva ley y anunció que “En Europa del Sur, nosotros somos los únicos autosuficientes a nivel económico. Por eso somos los más caros. Somos los primeros de la clase, pero los más caros. La inversión privada en España paga las infraestructuras portuarias -un modelo muy similar al de EE.UU- pero en Europa en la mayoría de casos no se da”.
Algunos otras ideas importantes que destacó fueron el papel de los coeficientes correctores a las tasas, la máxima salvaguarda jurídica existente o el fomento de la captación de iniciativa privada en el marco del desarrollo de los puertos. Rodríguez cerró su intervención recordando que la intención de OPPE “sigue siendo” crear el Observatorio Permanente de Servicios Portuarios para mejorar las prácticas portuarias y que se tengan referencias del cómo hacer.
Por su parte, el abogado con amplia experiencia en gestión portuaria y representante de Ariño y Asociados, Enrique Garrido, en su intervención cuestionó porque nunca se habla de una posible privatización de los puertos “sin embargo, con los aeropuertos ya está haciendo”. Al mismo tiempo, defendió la agrupación de puertos o Autoridades Portuarias -también por fachadas- como en su día se hizo con Gijón y Avilés. “Aunque luego, con la llegada de Álvarez-Cascos a Fomento esta fusión se eliminó”.
Marco europeo
Fernando Aragón, Ex-Jefe de Área de Política Portuaria de la Comisión Europea, realizó una exposición sobre las principales actuaciones de la UE en la marco portuario en los últimos años. En ese sentido, recordó que, actualmente, la apuesta por las nuevas tecnologías y el fomento al SSS centra las actuaciones de Bruselas. Aragón defendió una “política común de transporte para un transporte multimodal” y anunció que “aunque se diga que mucho ahora de los resultados de los puertos Mediterráneos, los del Mar del Norte siguen siendo líderes con concentraciones de productos portuarios”. “Desde 1.993 hasta hoy, se ha producido un cambio en el enfoque normativista en el ámbito de puertos de la UE”, finalizó.
