París, 27 nov (EFEverde).- Mientras que las ONG apostaban por recortar a la mitad las capturas permitidas de una especie que consideran en peligro de extinción, los pescadores abogaban por mantener la cuota en su nivel actual, 13.500 toneladas, tras haber renunciado el año pasado a un 40% de la misma, un recorte que en su opinión garantizaba el futuro de los caladeros.
Durante diez días se sucedieron en París las negociaciones tensas y duras entre los 48 países miembros de la ICCAT, que al final desembocaron en un compromiso de mínimos.
La reducción de 600 toneladas de la pesca para el año próximo se mantendrá también en 2012 puesto que hasta ese año no habrá una nueva reunión de la Comisión para revisar las cuotas.
Entretanto, la comisión científica deberá evaluar el impacto que sobre los caladeros tienen las medidas adoptadas hoy.
De hecho, el recorte en 2011 será mayor puesto que Francia deberá dejar de pescar 1.500 toneladas suplementarias de su cuota como sanción por haber superado la que le correspondía en 2007. De esa forma, el año próximo se pescarán 1.400 toneladas.
Según fuentes de la reunión, París trató de esquivar esa sanción comprometiéndose a cumplirla en seis años, pero la oposición de Noruega le obligó a aceptarla de forma íntegra en 2011.
De esa forma, Francia es el país más perjudicado por el acuerdo, puesto que pasará de las algo más de las 2.000 toneladas que tenía a poco más de 500.
España, por su parte, tendrá que recortar un 4% su cuota, que se quedará en algo más de 2.400 toneladas, frente a las más de 2.500 con las que llegó a París.
Además del mínimo recorte de las cuotas, la comisión decidió un incremento de los controles de la pesca para luchar contra los ilegales, una medida impulsada por Japón, principal importador de este producto con el que elabora el popular sushi.
De esta forma, la pesca del atún rojo se convierte en la más vigilada de los mares, en palabras de los industriales del sector, que aceptan de buen grado esas medidas para evitar los fraudes.
Con el recorte acordado hoy consideran que los caladeros de atún rojo están asegurados en un 60% hasta 2020, lo que muestra que esta especie "no está en peligro" porque "las medidas de control están funcionando", afirmó el director general adjunto del grupo Balfegó, Juan Serrano.
Para él, como para el resto de los pescadores, el recorte del 4% no era necesario y no aporta nada suplementario al mantenimiento de la especie.
Serrano lamentó, sin embargo, que países como Estados Unidos se negaran a incrementar sus medidas de control.
En sus aguas hay una importante práctica de pesca deportiva, una actividad que no respeta los protocolos de madurez de los peces y que podrá seguir practicándose sin el necesario control, indicó.
Pese a su oposición al recorte, los industriales consideraron que se ha mantenido lo esencial de su actividad, sobre todo después de que la Unión Europea renunciara al proyecto de su comisaria de Pesca, Maria Damanaki, de recortar un 50% la cuota.
Todo lo contrario opinan los ecologistas, para quienes el resultado de la ICCAT es "un acuerdo para salvar la cara", en palabras del portavoz de la ONG Pew, Rémi Parmentier.
"Ni la UE ni el ICCAT han afrontado su responsabilidad para salvar al atún rojo", señaló Parmentier, quien no ocultó su "profunda decepción" con el acuerdo.
Para el ecologista, Francia lideró "el motín" contra la propuesta inicial de la comisaria Damanaki y recibió el respaldo de España e Italia, países a los que consideró "responsables de este fracaso". En la misma línea se expresó María José Cornax, de Oceana, para quien el acuerdo "no protege el atún rojo y fomenta la pesca ilegal, por lo que tampoco beneficia al sector".
