Una nueva ley para
unos puertos más eficientes
CINCO
DIAS, 19.05.2010. Rafael Simancas.- Los puertos han sido tradicionalmente los grandes olvidados en
el debate sobre el desarrollo de las infraestructuras públicas, siempre relegados en la discusión
pública por los aeropuertos, la alta velocidad ferroviaria y las redes de carreteras. Sin embargo,
los puertos de interés general del Estado constituyen la puerta de entrada y salida para más del 80% de nuestras
importaciones y para más de la mitad de todas nuestras exportaciones. Y cada esfuerzo invertido en
la eficiencia de nuestras instalaciones portuarias supone un paso adelante en la mejora de la
competitividad de la economía española en su conjunto.
En estos días culmina la
tramitación parlamentaria de la nueva Ley de puertos en las Cortes Generales. El proceso ha sido
largo y complejo, pero los legisladores nos sentimos satisfechos por contribuir
con esta nueva herramienta a la modernización y el progreso de la comunidad portuaria, y en
consecuencia a la recuperación de la economía y a la generación de los puestos de trabajo que tanto
anhela la sociedad española.
La primera condición para hacer
efectivo este propósito loable es la del consenso. Hasta el momento, las grandes leyes portuarias
habían contado siempre con un apellido político: la ley de 1992 fue una ley socialista, y la ley de
2003 era una ley popular. El acuerdo fraguado entre los dos grandes partidos de gobierno en España
ha permitido redactar una ley de puertos definitiva, que aporta estabilidad y seguridad jurídica a
un sector que venía demandando desde hace tiempo un nuevo marco jurídico sin apellidos
partidarios.
Del contenido de la Ley merecen destacarse dos elementos. Se apuesta por un sistema
tarifario con un objetivo
claro: la competitividad. La nueva tabla impositiva no incrementa los costes para los usuarios de
los puertos; antes al contrario, los reduce. Las autoridades portuarias dispondrán de más autonomía
que nunca para aprovechar sus ventajas competitivas mediante un régimen holgado de bonificaciones y
coeficientes reductores. No obstante, la mayor descentralización de las decisiones tarifarias es
compatible con un marco común garante de la aplicación del principio irrenunciable de la autofinanciación portuaria.
El segundo aspecto a destacar en
la nueva Ley es el régimen de prestación eficiente de servicios que promueve. Caminamos hacia un
modelo de libre acceso reglado. Menos concesiones y más licencias. Eso sí, cada paso que se avanza
en el sentido de la liberalización viene acompañado por la regla correspondiente para asegurar que
los servicios se prestan en las debidas condiciones de
seguridad y calidad. Una condición más: ni un paso atrás en la consolidación del empleo y en los
derechos de los trabajadores.
La estiba ha merecido un capítulo
específico en la nueva regulación. Mejor servicio al menor coste, para incorporar productividad
logística a nuestras exportaciones e importaciones. También el modelo tradicional de la estiba y la
desestiba en nuestros puertos merece una revisión en clave de eficiencia y competitividad. Y una vez más, sin
perder un solo empleo y sin precarizar los puestos de trabajo. Los representantes de los
trabajadores de este sector han demostrado inteligencia y responsabilidad al sumarse
mayoritariamente al acuerdo parlamentario, tras asegurar la atención a sus
demandas.
Las claves de la Ley son las claves que están incorporando eficiencia en los nodos
logísticos más avanzados del mundo: formación, nuevas tecnologías, intermodalidad, sostenibilidad
ambiental… Y cada uno de sus artículos se ha redactado atendiendo a las necesidades y demandas de
las empresas e instituciones con intereses
legítimos en las infraestructuras portuarias. De hecho, pocas leyes han contado con un proceso de
elaboración tan transparente y participativo.
España dispone de una posición
geográfica privilegiada para competir ventajosamente con los grandes puertos del norte de Europa
como gran centro de distribución, y para ejercer como nodo logístico preferente para los tráficos
crecientes que llegan del sureste asiático y que llegarán del Canal de Panamá ampliado. La Ley de
Puertos contribuirá a aprovechar estas oportunidades.
En definitiva, el nuevo marco
jurídico impulsado por el ministro de Fomento, José Blanco, proporcionará a los puertos españoles
las mejores armas para vencer en la batalla de la crisis vigente y para conquistar un futuro lleno
de potencialidades.
