Dentro del artículo 81 del Reglamento de Seguridad Privada, un nuevo apartado permite prestar servicios de seguridad con armas en los buques mercantes y pesqueros que naveguen bajo bandera española, en aguas en las que exista grave riesgo para la seguridad de las personas y de los bienes. Otro nuevo apartado en el artículo 86 establece que los vigilantes de seguridad privada, en supuestos excepcionales a los que se hace referencia en el artículo 81, podrán portar y usar armas de guerra para garantizar la protección de las personas y bienes, previniendo y repeliendo ataques, con las características, en las condiciones y con los requisitos que se determinen de manera conjunta por los Ministerios de Defensa y del Interior.
La modificación del artículo 6 del Reglamento de Armas conlleva el establecimiento, a propuesta conjunta de los citados Ministerios, de los términos y condiciones para la tenencia, control, utilización y, en su caso, adquisición por las empresas de seguridad privada de armas de guerra, así como las características de estas últimas. También se modifica el artículo 124 y se amplía la cobertura de la Licencia de Armas de tipo C para las armas de guerra que se utilicen en la prestación de los servicios de seguridad privada en los buques.
Armamento
El tipo de armamento que se autoriza al personal de seguridad privada son ametralladoras del calibre 762 y rifles de asalto de los calibres 552 y 762. Así, el armamento de este personal se equipararía al que manejan los piratas que asaltan buques en el Océano Índico.
Agradecidos, aunque no satisfechos
[El País, 31/10/09].
Los armadores agradecen al Gobierno el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros para poder embarcar en sus atuneros a vigilantes con armas de guerra, pero no están satisfechos del todo del porque creen que es sólo una solución a corto plazo. Están “agradecidos”, aunque no satisfechos, han indicado.
“El Gobierno ha hecho un esfuerzo y le agradecemos el gesto, pero mantenemos nuestro principio de que la forma más adecuada de dar seguridad a nuestros barcos frente a los piratas es embarcar a militares, como hacen los franceses. Mientras tanto, tiraremos con esto”, explicó Julio Morón, director gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC), al término de la reunión en La Moncloa con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, a la que acudió con José Ángel Angulo, director de la otra gran asociación de atuneros (ANABAC).
De esta forma, los atuneros podrán embarcar en sus buques a empleados de seguridad privada dotados con armas de guerra como ametralladoras y fusiles de asalto. Algo que ya estaban haciendo ocho buques españoles pero con bandera de Seychelles, cuyas autoridades ya habían autorizado el uso de este tipo de armamento en los atuneros. La financiación de este carísimo servicio -los ex militares británicos que están protegiendo a estos ocho buques cobran un sueldo de unos 450 euros al día- se la repartirán el Gobierno central (un 25%), el vasco (otro 25%) y los armadores (el 50% restante). Como algunos barcos tienen matrícula de Andalucía y Galicia, la ministra Espinosa se ha comprometido a hablar con los Gobiernos de estas comunidades para que ayuden en la financiación.
El Ejecutivo central tenía previsto aprobar esta medida la semana pasada, tras la negociación que llevaron a cabo el Ministerio de Defensa y el de Interior, pero finalmente se retrasó hasta ayer. Hoy se publicará en el BOE y está previsto que el lunes esté lista la orden ministerial que la desarrollará.
Defensa se hará cargo del control, adquisición y el complicado traslado del nuevo armamento autorizado en los atuneros hasta Seychelles.
Los armadores mostraron su preocupación por el Alakrana, secuestrado desde hace cuatro semanas, y tanto De la Vega como Espinosa reiteraron que se está haciendo todo lo posible para liberar a sus 36 tripulantes “cuanto antes”. Los armadores insisten en que no están pescando en aguas de Somalia sino en aguas internacionales y que, si no se toman las medidas adecuadas, la piratería podría extenderse a otros mares.
