Trabajadores y patronal, que se reúnen de nuevo esta tarde en Madrid de forma oficial (ha habido contactos oficiosos entre las partes en los últimos días), tienen pues una semana de plazo para ponerse de acuerdo en los principales puntos y convencer al resto de grupos del arco parlamentario (una vez excluido, por voluntad propia, el Partido Popular) de que modificar la legislación española para despedir a los más de 6.000 estibadores que forman parte del actual sistema no hará más que empeorar la situación en los puertos y que afectará al conjunto de la economía española.
Por el momento, la gran mayoría de los grupos parlamentarios han mostrado su rechazo frontal a la presentación unilateral del Decreto el pasado viernes. Habrá que ver si ahora los grupos cumplen con lo dicho a los sindicatos y no hay presiones por parte del Gobierno central. Sí habrá presión en tanto durante los días previstos para el pleno los puertos españoles permanecerán parados, siguiendo la huelga programada.
En este sentido ya ha habido navieras que han hecho llegar su preocupación ante las medidas que emprenderán los estibadores en defensa de sus derechos laborales y que la patronal del sector, Anesco, cifra en cerca de 50 millones de euros diarios de posibles pérdidas. Por su parte, a escala internacional, el IDC tiene prevista mañana una reunión también con la Comisión Europea, a la que podrían informar de actuaciones solidarias en otros puertos comunitarios.
Recordar que el Ministerio de Fomento siempre ha puesta la excusa de que la Comisión Europea habría vetado cualquier modificación legislativo que incluyera las propuestas de la parte sindical, por incumplir con la Sentencia dictada por el TJEU. No obstante, cabe recordar que la comisaria de Transporte, Violeta Bulc dio hace cerca de dos meses su aprobación a las medidas de Bélgica, en un procedimiento análogo al que se vive ahora en España.
Así, la CE aceptaba por escrito las condiciones del Real Decreto de 10 julio en el que el país del Norte de Europa. Sí que hubo una diferencia clave entre ambos casos: por los belgas, el que negoció directamente ante la Comisión y la comisaria fue su ministro de Obras Públicas, mientras que en el caso de España se delegó la representación de la Administración Pública a José Llorca, presidente del Puertos del Estado, que siempre ha sido favorable al despido masivo de los estibadores, además de a una ejecutiva de menor rango dentro de la DG Move, ambos desconocerdores del Derecho comunitario, por cierto.
Recordar, además, que en el caso belga el decreto presentado ante la Comisión Europea habilita al país a establecer un registro profesional de trabajadores, como el que desde un principio han abogado los sindicatos españoles y que cumple con la sentencia, además de estar ratificado por el Reino de España ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Fuente: NAUCHERglobal
http://www.naucher.com/es/actualidad/la-sesion-plenaria-del-congreso-acogera-la-proxima-semana-el-debate-sobre-la-estiba/_n:6038/
