El ministro Cañete ha señalado que en la nueva negociación espera conseguir entre 1.100 y 1.500 millones de euros
EL ECONOMISTA (Miguel Ortega Cerdá, coordinador político de OCEAN2012 en España), 04 Jul. (Madrid).- Para España la negociación es de suma importancia, no en vano será el principal receptor de estos recursos. En el periodo anterior (2007-2013) España recibió un 26% por ciento del total del fondo pesquero europeo, unos 1.100 millones de euros. El ministro Cañete ha señalado que en la nueva negociación espera conseguir entre 1.100 y 1.500 millones de euros, una cantidad muy significativa teniendo en cuenta el tamaño del sector.
La discusión actual se centra en el uso que podrán dar los países a estos fondos: ¿se destinarán suficientes recursos a la recogida de datos e investigación sobre la situación de los stocks pesqueros? ¿Se podrán destinar a promover que se desguacen barcos (desde 1994 se han destinado más de 2.700 millones para este uso, en una práctica que se ha mostrado inefectiva y plagada de irregularidades según señaló en 2012 el Tribunal de Cuentas Europeo)?, ¿Se destinarán a financiar nuevas embarcaciones? ¿O las dos cosas al mismo tiempo, como pasó en algunos periodos anteriores?, etc.
En nuestra opinión, se debe priorizar, en primer lugar, que los fondos públicos se destinen ante todo a usos de interés común. Antes que el apoyo a intereses privados puntuales es imprescindible aumentar la financiación para los aspectos de gestión pública que resultan críticos para el conjunto del sector: un mayor conocimiento científico que permita una mejor gestión de los stocks pesqueros -facilitando así la estabilidad en las capturas que requiere el sector y la recuperación del ecosistema marino-, más recursos para mejorar la gestión pesquera (por ejemplo para apoyar la cogestión pesquera o el desarrollo de áreas de recuperación pesquera), y una mayor financiación para un mejor control de la pesca ilegal, no registrada y no deseada, la más irresponsable de las modalidades pesqueras. Por ahora la propuesta de la Comisión Europea no es suficientemente ambiciosa, únicamente un 15% de los recursos se destinan a recopilación de datos y gestión pesquera. Deberíamos tratar de conseguir una proporción mayor, y que los fondos destinados a estos fines no se puedan desviar a otros usos.
En segundo lugar, debemos acabar con los fondos de usar y tirar, evitando repetir errores del pasado. Desde su creación hasta el año 2002 las diversas revisiones del fondo europeo de pesca financiaron la construcción de nuevas embarcaciones. La consecuencia inmediata fue que se facilitó la creación de una gran “burbuja” pesquera, construyéndose muchas más embarcaciones que las que resultaba rentable mantener pescando de manera sostenible. Aún estamos pagando las consecuencias a través de una menor rentabilidad del sector y la aplicación de diversos planes de disminución de la capacidad excedentaria. El año 2002, vistas las consecuencias, se decidió anular todo tipo de ayudar para la creación de nuevos barcos, pero en esta nueva reforma algunos parlamentarios tratan de promover de nuevo este tipo de ayudas -eso sí de manera más limitada-. En nuestra opinión, este tipo de ayudas no suponen un uso eficiente de los recursos públicos, la decisión sobre si invertir o no en nuevas embarcaciones debe dejarse en manos privadas.
En tercer lugar, es imprescindible que los fondos sólo puedan ser usados por aquellos actores (ya sean públicos o privados) que cumplan la ley, eliminando el acceso a los recursos públicos en caso de incumplimiento, éste es un principio básico para asegurar un buen uso de los fondos públicos.
Prioridad para lo público, evitar el uso de fondos de usar y tirar, y el establecimiento de mecanismos de condicionalidad para la recepción de los fondos públicos deberían ser los tres pilares de la nueva financiación de la pesca. El próximo 10 de julio veremos qué opinan los parlamentarios europeos.
