Y así lo ha anunciado en la página 25004 del Boletín Oficial del Estado del jueves 22 de abril de 2021. O sea. Los acreedores de la empresa de los Burgos, padre e hijo, los mismos que llevan años burlando a provisionistas y trabajadores; los mismos que durante años no han depositado sus cuentas en el Registro Mercantil y figuran en rebeldía ante los Juzgados y Tribunales que los han condenado; los mismos que dejaron abandonado un buque en la rada de Manila, el CELANOVA, con 15 tripulantes a bordo; y los mismos que tuvieron la ocurrencia de presentar una querella criminal contra esta plataforma informativa y contra uno de sus editores, se van ahora de rositas por la incompresible decisión de un órgano judicial que sin más averiguación ni examen ha resuelto que la empresa deudora ha dejado de existir.
Es probable que haya algún tipo de remedio, parcial e insuficiente, público o privado, para mitigar el daño que los Burgos han causado a tantas personas. Pero, ¿cómo es posible que un empresario, que se ha saltado las leyes cuando le ha convenido, obtenga de la Administración de justicia un salvoconducto a la impunidad? ¿Cómo admitir este escándalo? La ley invocada por el Juzgado de lo mercantil número 4 de Madrid, la del concurso exprés, no está pensada para incentivar a quienes se sitúan al margen de la ley con la seguridad de que todo quedará impune con una simple declaración ante el juez de que la empresa carece de bienes.
Que se sepa, Globalgas, SA era propietaria de un bien muy preciado, un buque gasero de 7.496 toneladas de peso muerto, construido en 2003 en Astilleros Barreras, Vigo, bautizado como CELANOVA y abanderado en España.
¿Qué ha sido del ‘CELANOVA’?
Consta en la base de datos Equasis que han traspasado la propiedad y la gestión náutica del CELANOVA a Princeton, SA, una sociedad domiciliada en Majuro, capital de Islas Marshall, el pasado 10 de septiembre de 2020; y que el nuevo propietario le cambió el nombre (ahora el CELANOVA se llama VIVIAN), y lo registró bajo la bandera de Togo. El VIVIAN sigue en aguas de Manila.
¿Cuánto cobraron por la venta del buque? ¿O es Princeton SA, de Islas Marsall, una empresa fantasma controlada o participada por los Burgos? ¿Qué sabe de todo ello la Dirección General de Marina Mercante, que gestiona los registros marítimos españoles? ¿Quién pagará la cuantiosa deuda salarial que Globalgas ha dejado por el camino? ¿Quién satisfará la hipoteca sobre el buque contratada con Abanca? ¿Cuántas empresas de suministros y servicios han visto estafadas las posibilidades de cobrar sus facturas?
¡Que alguien responda, por favor!
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