Mientras el ministro intentará convencer a la lideresa del PSOE y presidenta andaluza, Susana Díaz, para que el partido cambie la decisión de su voto –hoy por hoy negativo- señalando que los puestos de trabajo están garantizados para los estibadores y escondiendo el cómo; los trabajadores, desde Bruselas, salían con un compromiso de la Comisión que hará difícil que el ministro pueda defender el decretazo el jueves en sede parlamentaria volviendo a culpar a la CE de todos los males. Veremos si Díaz cumple con sus promesas, atendiendo también a la importancia del puerto de Algeciras para su Comunidad Autónoma.
De la Serna habló de “un instrumento normativo de otro rango”. Algo muy marxiano, de los hermanos Marx. Sindicatos y patronal pretenden que una futura Ley incluya la garantía de empleo y desde la capital comunitaria se les da la razón. El Gobierno no quiere formar parte de la mesa de negociación con Anesco y trabajadores y, desde Bruselas se lo exigen.
La Comisión Europea ha puesto, además, en serios aprietos al ejecutivo español, por sus mentiras: en primer lugar porque el reglamento europeo de servicios portuarios en vigor permite incorporar la subrogación de los trabajadores, algo que desde Fomento decían que no era posible. Además, la CE recordó a los trabajadores que ni desde el Gobierno comunitario ni a través de la Sentencia del TJUE se deriva que España incumpla con el Convenio 137 de la Organización Internacional del Trabajo, que está ratificado por el país, y no exista un Registro de Trabajadores Profesional…, la primera de las peticiones de los sindicatos en toda negociación. Bofetadas en toda regla a las falacias del decreto de José Llorca.
El margen para que el Gobierno baje de su pedestal y negocie de tú a tú con trabajadores y empresas es hasta el mes de junio. Después vendrían las sanciones impuestas por el TJUE, ya lo dijo Violeta Bulc la pasada semana. Hay tiempo y este compromiso es algo que los grupos de la oposición deben tener muy claro antes de creer las mentiras del ministerio. “Recordar -explican desde el IDC- que el cumplimiento estricto del Decreto aprobado por el Gobierno español en Consejo de Ministros supondría el desmembramiento de las actuales SAGEPs en un plazo inferior a los tres años, su relevo con Empresas de Trabajo Temporal (ETT), y el posterior despido y precarización de la labor de los estibadores, con el consiguiente peligro para la seguridad de las personas y de las propias infraestructuras portuarias”.
Mientras el Gobierno negocia con quien no debe para convalidar un decreto funesto para los intereses de los puertos españoles, desde las sociedades de estiba emitían un comunicado por el que “la representación de los trabajadores de las Sagep manifiestan su total desacuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno de España mediante el Real Decreto Ley, planteado por el Ministerio de Fomento, para la reforma del modelo de estiba”, dado que “en este proceso de liberalización del sector no solo se pretende extinguir los puestos de trabajo de los estibadores portuarios, también afecta de forma directa y flagrante al personal administrativo y técnico de las 37 sociedades que existen en España, más de 200 trabajadores”
En este sentido, “dada la gravedad de la situación y en vista de la incertidumbre laboral que están atravesando entienden que es imprescindible aunar fuerzas y hacer que su voz se oiga frente a una reforma del sector impuesta, sin el diálogo y consenso necesarios para que culmine con éxito y devuelva la paz social de la que han disfrutado estos últimos años los puertos”.
Fuente: NAUCHERglobal
http://www.naucher.com/es/actualidad/reves-de-la-comision-europea-al-ministerio-de-fomento-en-el-conflicto-de-la-estiba/_n:6114/
