Hoy, casi una semana después de que los estibadores aceptasen la oferta del Ministerio de Fomento de retrasar la aprobación del real decreto ley para reformar el servicio de estiba y desestiba a cambio de que los trabajadores desconvocasen la huelga, patronal y sindicatos se sientan a diseñar el nuevo modelo que regirá en los puertos españoles. Un sistema que tendrá que ajustarse a la sentencia dictada en diciembre del 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que obliga a España a abrir a la competencia el movimiento y manipulación de mercancías en sus terminales portuarias.
Después de que el ministro Íñigo de la Serna amagase con aprobar un decreto para el que no contaba con apoyos suficiente en el Congreso, el responsable de Fomento circunscribió a la negociación colectiva la adaptación de ese servicio, ámbito en el que considera que tienen más encaje medidas como la creación de un registro de estibadores, que el colectivo defiende a capa y espada y que, según el Gobierno, no puede incluirse en la ley.
Ese asunto, junto a la subrogación de los 6.100 trabajadores que existen en la actualidad -cerca de 200 en Galicia- y los requisitos de formación, capacitación y prácticas de los profesionales, así como el modo de organización del trabajo en los puertos. son los asuntos más espinosos que deben abordarse esta tarde.
Tras dejar la negociación en manos de Anesco y de la parte social -en la que están La Coordinadora, UGT, CC.OO. y la CIG-, Fomento se ha quitado de en medio e incluso ha guardado el silbato de árbitro. De la Serna se lo ha trasladado a Fátima Báñez. Será Empleo el que haga de mediador. Ha prestado incluso las dependencias del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para el debate contrarreloj de empresarios y trabajadores. Esa premura se debe a que el aplazamiento de De la Serna vence, en teoría, el viernes.
Voluntad de llegar a acuerdos
La parte social acude con el ánimo de «parar solo para dormir», como declaró Antolín Goya, secretario general de La Coordinadora, a medios canarios. Y Anesco también desembarca decidida a sacar adelante una negociación que no es de ahora, pues ya lleva dos años en marcha. Porque, como recuerdan fuentes empresariales, desde que se publicó la sentencia ha estado habiendo contactos entre Anesco y los sindicatos. Es más, en julio del 2015, la parte social dio prácticamente por cerrado un pacto que finalmente no llegó a ratificar la patronal porque incluía «aspectos contrarios a derecho», según las citadas fuentes. De nuevo, «el famoso registro».
Desde CC.OO. apuntan que «hai marxe para negociar». Cuestiones que se pueden flexibilizar, como la jornada laboral, pero no darán «ni un paso atrás», como han adoptado por consigna, cediendo derechos ya consolidados y precarizando el empleo.
Como acicate, la amenaza de la Comisión de pedir la ejecución de la sentencia, que se traduciría en multas de 134.000 euros al día para España.
Las posturas
Sindicatos
Un registro como garantía de profesionalidad y seguridad
Para los representantes sindicales, la propuesta de Íñigo de la Serna no es nada distinto de un expediente de extinción de empleo. Un «despido colectivo» a coste cero para las empresas, dado que el real decreto ley prevé que sea el Estado el que se haga cargo de la indemnización de los trabajadores que no continúen prestando servicios de estiba.
La parte social defiende la creación de un registro de estibadores en el que se incluya a todos los que ahora mismo están operando, pues constituye una garantía de profesionalidad, formación y seguridad. Por más que el Gobierno diga que ese listado es una línea roja porque no la acepta la Comisión Europea, los estibadores aseguran que disponen de informes jurídicos que respaldan que ese registro cumple el convenio de la OIT sobre trabajo portuario y no vulnera el Tratado de Funcionamiento de la UE. Y no tragan con el rechazo al registro «porque a un técnico de la Comisión no le gusta».
El Real decreto ley del gobierno
Un período transitorio de tres años para la supresión de las Sagep
Dos años después de haber fallado contra España el Tribunal de Luxemburgo, y azuzado por la Comisión Europea y su amenaza de multas, el actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, preparó un real decreto ley para liberalizar el servicio de estiba con el que agitó las aguas de una negociación que estaba prácticamente estancada.
La propuesta del Gobierno pasaba por crear centros portuarios de empleo (CPE) que actuarían «como empresas de trabajo temporal específicas para el sector de la estiba precisando la autorización de la Administración laboral». Las compañías estibadoras no estarían obligadas a participar en el capital de las CPE. Ni tampoco tendrían por qué contratar a estos trabajadores.
Mientras, las Sagep desaparecerían en tres años, período en el que las empresas tendrían que contratar al 75%, 50% y 25% de los actuales empleados. El resto serían indemnizados a cuenta de las Autoridades Portuarias.
Sentencia del Tribunal de Luxemburgo
Constata trabas a la libertad de establecimiento de las empresas
La Comisión Europea denunció a finales del 2013 a España por incumplir el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). Bruselas, en su recurso, acusaba a Madrid de obligar con carácter general a las empresas estibadoras que operan en los puertos de interés general españoles a inscribirse en una sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios (Sagep) y no permitirles recurrir al mercado para contratar a su propio personal a menos que los trabajadores propuestos por la entidad no sean idóneos o sean insuficientes. Y el Tribunal de Luxemburgo falló a su favor. Por más que España alegó que sus restricciones iban dirigidas a garantizar un servicio de calidad y a proteger a los estibadores, la Justicia europea consideró que hay fórmulas menos restrictivas que la española, como que las propias empresas contraten a sus trabajadores, gestionen las oficinas de empleo y organicen la formación, o crear una reserva de profesionales gestionada por empresas privadas.
Trabajadores de todo el mundo apoyarán en Algeciras a sus colegas españoles
Delegaciones de estibadores de todo el mundo acudirán mañana a Algeciras (Cádiz) para apoyar a los trabajadores portuarios españoles en el conflicto del sector, según informó el Consejo Internacional de Estibadores (International Dockworkers Council IDC, por sus siglas en inglés). El objetivo del encuentro es mostrar un posicionamiento internacional común, además de diseñar una estrategia «para dar una respuesta contundente en caso de que los desafíos que pretende presentar el Gobierno español contra los trabajadores se hagan realidad».
Al encuentro de Algeciras, el puerto español que mayor volumen de mercancías mueve -cien millones de toneladas en el 2016-, acudirán representantes de estibadores de Estados Unidos, concretamente de los puertos de Nueva York, Nueva Jersey, Charleston y Los Ángeles. Asimismo asistirán una delegación argentina, y desde Europa vendrán representantes del sector de Portugal, Dinamarca, el Reino Unido o Bélgica. Los responsables de IDC en la zona de África han excusado su ausencia por problemas en la consecución de los visados.
Desde el Consejo Internacional de Estibadores y la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, principal sindicato del ramo español, reiteran que «siempre han abogado» por el diálogo para cumplir con el mandato europeo de reformar el sector en España.
Fuente: LA VOZ
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2017/02/21/fomento-deja-manos-patronal-sindicatos-nuevo-modelo-estiba/0003_201702C21P31991.htm
