La nueva Ley tiene como uno de sus objetivos principales poner las infraestructuras portuarias al servicio de la promoción económica industrial, logística, náutico-deportiva, pesquera, turística y social del país, tanto desde la vertiente pública como desde la privada.
Asumir, desde Catalunya, la gestión de Barcelona y Tarragona
Durante su intervención, Rull remarcó que “esta Ley forma parte de la agenda modernizadora del país y del Gobierno”. Así, explicó que “el objetivo del Gobierno es que la Ley de Puertos sea una Ley de país, que tenga vigencia durante mucho tiempo y genere progreso y prosperidad”. Apuntó que “se ha concebido para hacer posible la gestión de todo el sistema portuario catalán en toda su amplitud”, incluyendo los de competencia de la Generalitat de Catalunya, y los puertos de Barcelona y Tarragona. En este sentido, la Ley está diseñada para asumir la competencia de ambos puertos mediante la elaboración de un reglamento específico de gestión de las dos instalaciones que garantizaría la autonomía de gestión que requieren.
También ha recordado que, como en el caso de la Ley de Territorio, que quiere centrar el urbanismo en el reciclaje urbano, la Ley de Puertos apuesta por “un modelo que aproveche lo que ya existe, que vele por la calidad y para reconocer la excelencia”.
En este sentido, ha apuntado que prevé un nuevo sistema de clasificación de los puertos similar al de los hoteles, con categorías, que “permitirá a los concesionarios mantener permanentemente la mentalidad de superación para ofrecer el máximo nivel de calidad”.
El Proyecto de Ley presentado ha superado el debate a la totalidad sin enmiendas, y continúa así su tramitación parlamentaria.
780 kilómetros de costa
Catalunya, con 780 kilómetros de costa, tiene una gran vinculación económica y social con el mar, que se traduce en la existencia de un sistema portuario, integrado por puertos deportivos, pesqueros, comerciales e industriales, con un importante desarrollo económico vinculado al turismo.
El sistema portuario está integrado por 45 puertos de titularidad de la Generalitat, el puerto de Barcelona y el de Tarragona. De estos 45, en la práctica totalidad (44) hay actividad náutica; en 18 también hay actividad pesquera; cinco tienen actividad comercial y tres reciben cruceros.
Racionalizar y optimizar el sector
Hasta ahora, la principal norma reguladora de los puertos catalanes era la Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos de Catalunya. Los cambios que se han producido en los últimos años y las tendencias de futuro aconsejan reformar el régimen jurídico de los puertos catalanes, con el fin de optimizar y racionalizar este sector clave en el país.
La gestión de los puertos
La nueva Ley de Puertos fija una nueva organización administrativa portuaria, por lo que el departamento de Territorio y Sostenibilidad será el responsable de la planificación y la ordenación, y la empresa pública Ports de la Generalitat gestionará (directa o indirectamente mediante empresas concesionarias) todos los puertos del sistema.
La nueva normativa quiere promover el crecimiento de operadores y usuarios que desarrollen actividades generadoras de valor mediante unos servicios portuarios eficientes. Así, regula la organización administrativa y de gestión al servicio de los operadores del sector, con especial atención a la transparencia y la simplificación administrativa en la relación entre estos operadores y la administración portuaria.
Para generar más actividad económica y materializar nuevas inversiones en infraestructuras y servicios portuarios, la Ley fija un régimen jurídico contractual que pretende promover la colaboración público-privada (concesiones para la construcción de obra pública portuaria y concesiones de gestión portuaria).
Clasificación de los puertos deportivos
Por otra parte, la Ley de Puertos pretende promover las actividades náuticas, de recreo, deportivas y culturales asociadas. Como novedad, prevé que los puertos deportivos se identifiquen por categorías, de acuerdo con la calidad de sus instalaciones y de los servicios que ofrecen. El sistema, que se desarrollará con un reglamento específico, es análogo al de las estrellas para los establecimientos hoteleros, con el fin de incentivar las actuaciones que permitan ganar en calidad y servir de guía de referencia a los usuarios de las instalaciones.
En toda Catalunya, hay cerca de 33.000 amarres, el 66% de los cuales son para embarcaciones de menos de ocho metros de eslora. Además de dar respuesta a los requerimientos de las embarcaciones de recreo de esloras mayores (superyates y megayates), la nueva normativa también quiere velar por que el sistema portuario ofrezca un número razonable de amarres destinados a la náutica popular (embarcaciones que no superan los siete metros de eslora) y quiere potenciar la navegación deportiva a vela, con la colaboración de las entidades representativas del sector.
Una nueva figura dentro de la planificación
En cuanto a la planificación del sistema portuario, el proyecto de Ley plantea tres niveles: el sectorial –el Plan de Puertos 2016-2030-actualmente en redacción; la urbanística –mediante una nueva figura, el Plan Director Urbanístico Portuario (PDUP) para cada puerto; y la ordenación portuaria de la zona de servicio –para recoger cierta flexibilidad en los usos establecidos en un PDUP-. Estas figuras de planeamiento quieren favorecer la integración de los puertos en su entorno territorial y su vinculación con el resto de infraestructuras de movilidad.
El proyecto de Ley de Puertos quiere atender también aquellos retos vinculados a la sostenibilidad ambiental de las infraestructuras portuarias y los servicios que se prestan. En este sentido, la Administración, además de promover aquellas acciones que garanticen una gestión eficiente y limpia de los puertos, velará especialmente para aplicar medidas que prevengan los efectos del cambio climático. El proyecto regula aspectos como los dragados; los trasvases de arenas; los vertidos; el tratamiento de los residuos o la prevención de la contaminación atmosférica y acústica.
Creación del Consejo de Puertos
Otro aspecto a destacar del proyecto es la creación, tomando como precedente la figura incluida en la Ley de Puertos de 1998, del Consejo de Puertos, como órgano de consulta y asesoramiento en materia de portuaria entre el sector y la Administración. Este consejo estará formado por representantes de las administraciones competentes en la materia y de todos los sectores vinculados al ámbito portuario.
En cuanto al transporte en aguas marítimas y continentales, el proyecto evoluciona de un régimen de autorización, que es el vigente ahora, el de comunicación, para la prestación de estos servicios, como medida de simplificación administrativa. Las empresas deberán acreditar el cumplimiento de un conjunto de requisitos, con una especial atención a los aspectos relacionados con la sostenibilidad ambiental y la seguridad.
Fuente: NAUCHERglobal
http://www.naucher.com/es/actualidad/el-proyecto-de-ley-de-puertos-de-catalunya-supera-el-debate-en-el-parlamento-autonomico/_n:5756/
